El juicio al fiscal general, visto para sentencia: las claves de un proceso inédito en la democracia española

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, concluye tras seis jornadas de declaraciones de testigos. El acusado se negó este miércoles a responder a las acusaciones y reprochó al abogado de Alberto González Amador, de "deslealtad" procesal. Ortiz también ha negado haber filtrado a la prensa el correo electrónico en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía sus delitos fiscales y trataba de llegar a un pacto con la fiscalía.

El abogado del Estado ha defendido este jueves al fiscal. "Es inocente de todo lo que se está diciendo aquí. Se ha criminalizado una actividad institucional", ha indicado José Ignacio Ocio en su alegato antes de que el juicio quedará visto para sentencia.

"La única filtración de un correo que está acreditada en la causa es el de la respuesta del Fiscal Salto", ha indicado Ocio, reconociendo que le parece "razonable pensar que Miguel Ángel Rodríguez también tenía el correo del 2 de febrero" que se investiga. El abogado del Estado ha centrado sus conclusiones en las presuntas lagunas de aspectos que el juez Hurtado no ha querido investigar y en que las acusaciones han manoseado una supuesta batería de indicios que no son tales. El abogado del Estado ha cargado contra Miguel Ángel Rodríguez y "un bulo que se viralizó" y que asegura que la fiscalía intentó desmentir.

Por su parte, el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha despreciado el testimonio de los periodistas que han testificado que tuvieron el contenido del correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso antes que el fiscal general. "Pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes y hay que tener cautelas especiales en la valoración de lo que dicen", ha indicado, acusando a García Ortiz de filtrar el correo de la confesión de su cliente a la SER.

El otro gran elemento de las acusaciones ha sido el borrado del móvil y la cuenta del Gmail del fiscal, a pesar de que esto último lo hizo dos meses después del registro de su despacho. Las acusaciones lo han catalogado como "un indicio incriminatorio cualificado". El abogado Juan Antonio Frago (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid) ha comparado este caso con el de José Bretón, que asesinó a sus hijos. "No se encontraron los cuerpos y se le condenó", ha indicado.

El arco de penas que solicitan las acusaciones oscila entre los 3 y los 6 años de prisión, además de hasta 12 años de inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos. Por su parte, la fiscalía y la defensa piden la absolución del fiscal general.