Una jurista califica de "disparatada" la causa del fiscal general y pone el foco en la reputación del Supremo

Iruña/Pamplona

El juicio al fiscal general por revelación de secretos, acusado de filtrar el correo en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos de fraude fiscal, ya está visto para sentencia. Acusación y defensa expusieron sus partes este jueves y ahora es el Tribunal Supremo el que tendrá que dictaminar si Álvaro García Ortiz es inocente o culpable.

El arco de penas que solicitan las acusaciones oscila entre los 3 y los 6 años de prisión, además de hasta 12 años de inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos. Por su parte, la fiscalía y la defensa piden la absolución del fiscal general.

Este juicio ha sido sometido a análisis en El Abierto de Hoy por Hoy. Mariola Urrea, jurista y profesora de Derecho en la Universidad de La Rioja, ha argumentado que el proceso del fiscal general está "plagado de circunstancias" que lo convierten en "inédito y anómalo" y con partes "jurídicamente extravagantes".

Urrea ha lamentado que haya que incorporar fenómenos al debate jurídico "que en principio no tendrían que estar", y ha partido de la fase de instrucción de la causa, llevada a cabo por el juez Hurtado, del Tribunal Supremo, la cual ha calificado de "absolutamente disparatada".

También ha remarcado que el auto por el que se producía la apertura del juicio oral no se adoptó por unanimidad entre el tribunal, sino que dos magistrados sí apoyaron enviar al fiscal a juicio, mientras que una tercera emitió un voto particular "absolutamente contundente en términos jurídicos" que evidenciaba que no había pruebas que permitiesen sostener la acusación y el juicio oral.

Y es que Urrea ha afirmado que para destruir la presunción de inocencia, que es un principio constitucional, "se necesita mucho más que las declaraciones del Gabinete de la Presidencia", en referencia a lo asegurado por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Isabel Díaz Ayuso, durante el juicio.

De todo este juicio, Mariola Urrea desprende que el debate ya no se centra en si el fiscal general del Estado es inocente o culpable, sino que va más allá: es si el Tribunal Supremo "va a preservar su presunta reputación o no", algo que el alto tribunal se ha labrado "a pulso", según su criterio.