El Supremo delibera la histórica sentencia que resolverá el juicio contra el fiscal general

Madrid

El presidente de la sala de lo penal y su antecesor en el cargo; una magistrada encuadrada en el sector progresista como ponente; cuatro hombres y tres mujeres tienen en sus manos el futuro de Álvaro García Ortiz, después de seis sesiones de juicio por un presunto delito de revelación de secretos. La deliberación empieza esta semana y la voluntad del tribunal es que la sentencia vea la luz en las próximas semanas para que la insólita situación que vive la carrera fiscal no se prorrogue más en el tiempo.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid, una asociación minoritaria de fiscales y acusaciones populares de ultraderecha le reclaman hasta seis años de cárcel por varios delitos que recogen los escritos definitivos de acusación: revelación de secretos, prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos.

Le atribuyen la filtración a la Cadena SER del correo electrónico en el que el comisionista admitía que había cometido dos delitos fiscales y pedía un pacto para no ir a juicio y cerrar "rápido y sin ruido" sus problemas con el fisco para no perjudicar la carrera política de Isabel Díaz Ayuso.

Sin pruebas concluyentes

La vista pública contra el Fiscal General ha sido una réplica de la instrucción reservada y secreta del magistrado, Ángel Hurtado, que duró ocho meses. Los 40 testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo no han conseguido aportar ningún indicio que permita relacionar al acusado con la información adelantada por la Cadena SER y que desmentía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez de que fue el fiscal quien había ofrecido el pacto a González Amador cuando todo sucedió al revés.

Ocho periodistas reconocieron que conocieron o manejaron el contenido del documento antes de que los tuviera el fiscal. Ese correo llegó a la vez que al acusado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; a la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez; a la fiscal jefa de delitos económicos, Virna Alonso; a los 16 fiscales que tenían acceso a la cuenta de correo genérica a la que se envió el correo pidiendo el pacto; y a un abogado del Estado. Y eso sin contar al entorno de Alberto González Amador. Conscientes de que no hay prueba para acusar por el verdadero objeto del proceso, se han centrado en la nota de prensa oficial de Fiscalía que desmintió el bulo.

Ese fue el origen de la causa en el Tribunal de Justicia de Madrid. La sala de admisiones del Tribunal Supremo la descartó cuando dijo que "aparentemente no había información indebidamente revelada". Hurtado la rescató durante la investigación y señaló en el auto de apertura de juicio oral que tras la información de la Cadena SER y en "unidad de acto" se publicó la nota de prensa. Las acusaciones sostienen que ese comunicado puso el "sello institucional" al "reconocimiento del delito" y es, "por sí sola, un delito".

Las acusaciones se agarran a esta tesis porque la mayoría de los interrogatorios no les han aportado ningún nuevo indicio, más allá de las acusaciones sin prueba de la fiscal Almudena Lastra y las "inferencias" de la UCO. Hasta los testigos de la Fiscalía que propusieron contradijeron sus argumentos. El fiscal de protección de datos avaló el borrado del móvil que hizo Álvaro García Ortiz y la fiscal jefa de la secretaría técnica confirmó que se abrió una investigación interna para buscar el origen de la filtración, pero que tuvo que suspenderla cuando se abrió la causa penal.

La defensa y la Fiscalía sostienen que no había ningún secreto que proteger porque las comunicaciones entre el abogado del comisionista y la Fiscalía ya se habían revelado cuando el fiscal consiguió toda la cadena de correos y el primero que rompió la confidencialidad fue González Amador, que le reenvió una de esas comunicaciones al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso para que Miguel Ángel Rodríguez difundiera el bulo.

En sus alegaciones han defendido que en esos días se produjeron dos procesos "autónomos e independientes". El de los periodistas empieza cuando el 12 de marzo eldiario.es publica la denuncia por fraude fiscal contra González Amador y se multiplica cuando la mañana del 13 de marzo Isabel Díaz Ayuso miente y dice que es Hacienda quien le debe dinero a su pareja. Decenas de periodistas trabajan para tratar de reunir la documentación que les permita confirmar la noticia.

El segundo proceso es el de la Fiscalía, que empieza a las 21:29 horas del 13 de marzo cuando el diario El Mundo publica el bulo sobre el pacto que difundió Miguel Ángel Rodríguez y que terminó con esa nota de prensa.

Abogacía del Estado y Fiscalía también han puesto en valor el testimonio de ocho periodistas de cuatro medios distintos que conocieron o manejaron el correo electrónico con la confesión del comisionista antes de que lo tuviera el Fiscal General y que las acusaciones han despreciado. Los comparan con imputados porque, dicen, pueden acogerse al secreto profesional.

Este será uno de los aspectos clave de la futura sentencia: el valor que dé la sala a estos testimonios que también despreció el magistrado instructor. La defensa denunció lo que llaman "lagunas del instructor", que solo dirigió la investigación contra el jefe del Ministerio Público, a pesar de que el correo con la confesión, una vez enviado a casi una veintena de destinatarios, viajó y se compartió en carpetas de operadores jurídicos a las que tenían acceso cientos de personas más.

Los efectos colaterales de la sentencia

La sentencia tendrá impacto, y mucho, en otro proceso judicial. Alberto González Amador está pendiente de juicio por un fraude fiscal de 350.000 euros que dejó de ingresar al fisco por el pelotazo que pegó con las mascarillas en lo peor de la pandemia. El novio de Ayuso se asoció con otro directivo de Quirón para facturar con tapabocas dos millones de euros.

Además, tiene una segunda investigación abierta en la que se le han ampliado los delitos por los que se le investiga. Entiende el juez que la compra a la mujer de este directivo de una empresa estética sin actividad por medio millón de euros escondía realmente el pago de su comisión por la operación.