La investigación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas reventó el pelotazo del PP en Almería con la venta de mascarillas
En las comunicaciones intervenidas por un juez de Barcelona que investigaba al empresario que se adjudicó el contrato de dos millones de euros de la diputación provincial se le oye decir "hemos pegado un pepinazo al precio de las mascarillas y los de Almería se quedan 400"

Archivo - El vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento de la Diputación de Almería, Óscar Liria / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo (EUROPA PRESS)

Madrid
La investigación de un juzgado de Almería contra la cúpula de la diputación y del PP en la provincia arrancó en un juzgado de Barcelona. Allí se investigaba a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Entre los investigados figuraba, Kilian López, un empresario que resultó adjudicatario del contrato más importante que adjudicó la diputación de Almería para la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia: dos millones de euros adjudicados a la sociedad Azor.
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El juez detectó pagos de López a Óscar Liria quien, según los investigadores se sitúa en la cúspide de la trama de mascarillas del PP en Almería. Liria, exvicepresidente de la diputación, fue el intermediario de esta operación en la que están implicados el actual vicepresidente, Fernando Giménez y el presidente, Javier Aureliano García y por la que los investigadores apuntan a que pudieron repartirse 400.000 euros en comisiones.
En las conversaciones intervenidas se recoge como López presume de que acaba de hacer "una operación de dos millones" pegando "un pepinazo al precio de las mascarillas" y que los de Almería "se habían quedado 400 y él otros 400".
El juez de Barcelona cuando envió esta rama de la causa a Almería dijo que "no parece que la empresa reúna las mejores condiciones de solvencia técnica y económica para ejecutar el contrato porque se dedica a la comercialización de piedra, tiene un patrimonio neto limitado y una discreta cifra de negocio".
Además, añadía, la factura que giró la empresa china a la que le compró el material era por un importe idéntico al de la adjudicación "luego la operación no tendría lógica comercial alguna".




