Caso no resuelto

Madrid

La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no resuelve el caso. No lo resuelve porque no es firme. El afectado puede recurrir contra la misma Sala. Y solo si los magistrados reinciden, entonces sería firme. Firme quiere decir que debe aplicarse inmediatamente después.

Pero no será definitiva. Hasta que se pronuncien, si se les reclama --y apuesten a que se les reclamará--, el Tribunal Constitucional, y/o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dos instancias que parecen exteriores, pero cuyas sentencias son de aplicación doméstica insoslayable. Y que no son solo superiores en rango. Sino que además exhiben mayor calidad jurídica. La suelen demostrar rectificando una y otra vez a un Supremo demasiado anclado en tiempos pretéritos.

La sentencia contra el fiscal general es trémula, le impone solo una pena de inhabilitación, la menor que se despacha. Pero al mismo tiempo rotunda, porque en la vista oral no han aparecido pruebas, y condenar sin pruebas ya es mucho condenar.

Pese a esa, digamos, liviandad jurídica de la pena –que no institucional—los partidarios de liquidar a García Ortiz como fiscal general ni siquiera han conseguido la unanimidad. Dos de los siete magistrados se pronunciarán con un voto particular discrepante. Estos votos suelen ser la estructura, en casos tan polémicos, sobre la que los tribunales superiores al Supremo acaban dictaminando.

Muchos oyentes estarán hoy decepcionados. La calma. Echen mano esta noche del clásico griego Sófocles. Lean “Antígona”.