¿Afecta el fallo contra el fiscal general a la causa contra González Amador por delito fiscal?
El empresario podrá buscar nulidades por vulneración de derechos, pero ambos procesos penales son independientes
Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Tribunal Supremo. / ZIPI (EFE)
El fallo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, multa e indemnización para Alberto González Amador por revelación de datos reservados a priori no tiene impacto directo en la investigación que se sigue contra el empresario, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, en el juzgado de instrucción número 19 de Madrid
Es lo que explican distintos juristas consultados por la SER, que por tratarse de asuntos independientes que tratan temas distintos, no se produce una dependencia entre ambas causas, ni así una consecuencia directa inmediata, en ausencia, decía el magistrado Joaquín Bosch en Hora14, de 'vasos comunicantes'.
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"No están comunicadas y esa falta de conexión haría que no tuviera consecuencias, aunque es cierto que su defensa sí que ha alegado esa cuestión pero el hecho de que se hayan filtrado esos correos no es que sea un perjuicio que pueda anular aquella causa", señalaba.
La defensa de González Amador ha venido exponiendo argumentario sobre la vulneración de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la defensa que supuso la difusión del correo en el que su abogado, en busca de un acuerdo, reconocía ante el fiscal del caso la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. Ya durante el juicio a García Ortiz, lo explicaba él mismo, en su condición de perjudicado y reclamando una indemnización por daños morales que llegaba a 300.000 euros, aunque el Supremo lo haya dejado en 10.000.
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"Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto, o sea, el fiscal general del Estado me había matado públicamente (...) De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira -su abogado-: La presunción de inocencia, se ha roto. Tu derecho de defensa, se ha roto. Estamos en otro plano, en otra dimensión", declaró en una de las sesiones del juicio.
Sin embargo, aún no ha cursado formalmente una nulidad en los juzgados madrileños donde está ya procesado por esos dos delitos fiscales más otro de falsedad documental y donde, en una pieza separada, se le investiga por ilícitos relacionados con la administración desleal y la corrupción en los negocios a partir de la compraventa de una sociedad.
Hubo un intento de parar máquinas, no obstante, el que cursaron los tres empresarios denunciados junto a él por la presunta falsedad en las facturas. Acudieron hace unos meses al juez instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para solicitar que ordenase la suspensión de la causa en Madrid en tanto se investigaba a García Ortiz, pero su petición no prosperó. El magistrado concluyó que no era la suya la instancia adecuada, sino los juzgados madrileños.
Ahora el escenario es distinto y lo será más cuando se notifique la sentencia íntegra del tribunal sobre García Ortiz, que poco después cobrará firmeza y así, podría ser esgrimida por González Amador para intentar nulidades por esa quiebra que ya viene apuntando de sus derechos fundamentales.
El precedente del Supremo
Para la defensa de González Amador la clave siempre ha estado en el propio Supremo y en concreto, en el auto que abría causa contra el fiscal general del Estado. En aquella resolución, los magistrados, que ahora integran el tribunal sentenciador, señalaron que "resulta obvio" que la difusión de aquel correo "puede tener repercusión en la presunción de inocencia" y "puede condicionar" la tramitación de ese otro proceso abierto en los juzgados de Madrid.
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Con esa percha y lo que desarrolle, si lo hace, la sentencia sobre García Ortiz acerca de su condición de perjudicado y de este modo, sobre el alcance del perjuicio sufrido, podrían reforzar una argumentación. La clave será lo que haga con ella la instancia que lo reciba, ya se presente ante la juez que instruye el caso, el juez de lo Penal que lo enjuicie o más adelante, en recursos ante instancias superiores. Y es un escenario complicado de predecir porque las circunstancias concretas de este caso, conceden los consultados, no tiene precedentes.
