Lassalle: "Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez se jactan públicamente de haber ganado al Gobierno con una mentira"

Madrid

El Tribunal Supremo ha inhabilitado durante dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras considerarlo culpable de un delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fallo -adoptado por cinco votos frente a dos- incluye una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros al afectado y el pago de los honorarios de su abogado. Se trata de un juicio inédito que también lo es en su desenlace: se conoce la decisión, pero no la sentencia, tras una deliberación excepcionalmente rápida.

La incertidumbre ha durado una semana. El Supremo pretendía resolver cuanto antes para evitar prolongar la anomalía institucional que suponía mantener al jefe de la Fiscalía inmerso en un proceso penal. Una vez adoptado el fallo, queda por redactarse la sentencia que fija la inhabilitación de García Ortiz y certifica una condena que abre una nueva crisis institucional. El caso, además, vuelve a situar en el centro del debate la relación entre justicia, política y comunicación pública.

En este contexto, José María Lassalle ha analizado en El Abierto de Hoy por Hoy las implicaciones de la decisión judicial y el clima político que la rodea. Ha advertido de que la situación deja al Gobierno regional de Madrid en posición de victoria narrativa: "Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez se tienen que jactar públicamente de haberle ganado al Gobierno una batalla con una mentira", ha señalado. A su juicio, este episodio resume un fenómeno propio de "la posverdad" y demuestra cómo "el barro al final también acaba salpicándote".

Lassalle ha lamentado que todo podría haberse evitado "haciendo las cosas como institucionalmente le corresponde hacer a quien es fiscal general del Estado". Ha considerado especialmente grave que "alguien se esté jactando públicamente de haber obtenido una victoria en estas condiciones", algo que ha calificado de "patético" y "bastante despreciable".

Pero ha insistido en que lo más delicado es el efecto institucional: "Tenemos ahora mismo la Fiscalía General del Estado abierta en canal en su crédito". También ha alertado del daño político que, a su juicio, "no tiene manera de repararse".

En su análisis, la reacción de algunos socios parlamentarios es previsible, puesto que "Esquerra Republicana y Junts están deseando pillarle por el pescuezo al Tribunal Supremo". Y ha recordado que tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea llevan tiempo advirtiendo de las "injerencias políticas en la administración de justicia", algo que, ha remarcado de "responsabilidad de los partidos".