El abogado de Manos Limpias que impulsó la causa contra Begoña Gómez deja el caso porque cree que se está usando para obtener "fines políticos"

El abogado Carlos Perales ha comunicado vía burofax su renuncia a seguir representando a Manos Limpias en la causa que se sigue contra Begoña Gómez al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a "fines de naturaleza política".

Perales, abogado de Preico Procura S.L., ha notificado su renuncia al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras remitirla vía burofax a Manos Limpias, organización que formalizó la primera denuncia por la que el juez Peinado comenzó a investigar a la mujer del presidente del Gobierno. El letrado abandona el despacho de abogados, pero Manos Limpias contratará a otro abogado para seguir adelante con el juicio a Begoña Gómez.

En un escrito al que ha tenido acceso la SER, el letrado plantea que el planteamiento de Manos Limpias es "incompatible" con los principios del despacho, dado que se "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

A su juicio, las decisiones estratégicas del procedimiento "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".

Esa deriva "resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos", añade el letrado, quien recuerda que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso.

"La utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar", argumenta.

En ese contexto, recalca que "la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública" y que "el abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático".

Por ello, seguir en el caso cuando "los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal", supondría "diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso".