El fin de las renovaciones automáticas: el nuevo plazo de aviso que deben cumplir las compañías

Las renovaciones automáticas de contratos y suscripciones, una práctica que durante años ha generado quejas entre los consumidores, tiene los días contados. La nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) establece que las empresas deberán avisar con al menos 15 días de antelación antes de que venza el contrato, siempre que este tenga una duración determinada. El objetivo es claro: garantizar que el usuario pueda decidir si continúa o no con el servicio, evitando cargos inesperados.

"Casi todos tenemos alguna suscripción activa, por ejemplo a una plataforma de streaming. Pues bien, a partir de ahora la empresa tendrá que avisarnos con 15 días de antelación antes de que venza el contrato. Se acabó la renovación automática por defecto: solo seguirá si el cliente lo confirma", explicaba Xira Valdés en el programa Código de Barras.

La medida afecta especialmente a servicios digitales y plataformas de streaming, donde era habitual que, tras un periodo de prueba gratuita, la suscripción se activara sin previo aviso. "Tampoco podrán hacerlo tras un periodo de prueba gratuita. Si contratas un mes gratis, la empresa tendrá que avisarte con 15 días de antelación de que el plazo está a punto de terminar y explicarte qué ocurrirá si no cancelas: la renovación ya no será automática, dependerá de tu decisión", añadía Valdés.

Hasta ahora, muchos usuarios se encontraban con cargos inesperados tras promociones o pruebas gratuitas. Con esta norma, el aviso previo se convierte en un derecho y la renovación automática, en una excepción que solo será válida si el cliente actúa expresamente. "Tenemos que hacerlo a instancias nuestras, es decir, la renovación ya no será algo que ocurra por defecto", subrayaba la periodista.

Más transparencia en los precios

La Ley SAC también pone fin a otra práctica habitual: la falta de claridad en los costes. "Se acabó esa práctica de ir desglosando el precio de forma que muchas veces no sabemos lo que nos van a cobrar finalmente por un servicio. Desde el principio tendrán que darnos el precio final completo, incluidos los gastos de gestión si los hubiera", explicaba Valdés. Además, cuando no sea posible ofrecer un importe cerrado, la empresa deberá detallar cómo se calcula para que el consumidor pueda estimarlo. Y si se trata de una oferta personalizada, tendrá que indicar en qué parámetros se basa y garantizar que el precio no varíe durante el proceso.

Con estas medidas, la Ley SAC busca reforzar la protección del consumidor y garantizar que cada contratación sea clara, informada y sin sorpresas: adiós a las renovaciones automáticas y a los precios opacos.