El fiscal general presenta su renuncia al Gobierno antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación
En una carta, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Álvaro García Ortiz reclama al ministro de Justicia su cese a petición propia sin esperar a que el Supremo notifique la sentencia que lo condena a dos años de inhabilitación
Madrid
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha enviado este lunes una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pidiendo su "cese a petición propia" antes de que el Tribunal Supremo notifique y haga publica la sentencia que lo condena a dos años de inhabilitación.
En la misiva, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el jefe del Ministerio Público comunica su decisión de que "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia", presente su renuncia como fiscal general: "Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".
García Ortiz justifica su renuncia en "el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad, siempre presente en su mandato, de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".
El todavía jefe del Ministerio Público asegura que, aunque su determinación deriva directamente del fallo que le fue notificado el pasado jueves, "en su haber tiene el convencimiento de haber servido fielmente a la institución, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".
La carta con la que el fiscal general del Estado pide su cese. / CADENA SER
La carta con la que el fiscal general del Estado pide su cese. / CADENA SER
Por ello, a través de esta carta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ortiz solicita a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de su mandato como fiscal general del Estado.
La carta acaba agradeciendo al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en su nombramiento: "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".
El fiscal general del Estado presenta su dimisión antes de que el Supremo ejecute su inhabilitación
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Búsqueda de sustituto
El titular de Justicia ya busca un perfil "incuestionable" y de orientación "progresista" para ejecutar el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado. Félix Bolaños empezó a hacer llamadas y a convocar reuniones el pasado jueves, poco después de conocerse el fallo del Supremo que el Gobierno asegura que "acata y respeta", pero no comparte.
El propio presidente, Pedro Sánchez, aseguró este domingo desde Sudáfrica que sigue creyendo en la inocencia del todavía jefe del Ministerio Público, pese a que cinco de los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal lo consideran culpable de un delito de revelación de datos reservados sobre el fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador.
La intención del Ejecutivo es activar cuanto antes el proceso institucional para realizar el nombramiento. Las fuentes consultadas por la SER aseguran que estaban esperando a que García Ortiz comunicara su decisión antes de llevar la propuesta al Consejo de Ministros.
El fiscal general ha guardado silencio desde su intervención en la vista oral, pero, con esta decisión, se adelanta a la ejecución de la sentencia del Supremo al pedir el cese voluntario al Gobierno, antes de conocer incluso la argumentación jurídica del tribunal que lo considera culpable. En el Gobierno han querido ser muy respetuosos con los tiempos que marcara el fiscal.
Examen del Congreso y del Poder Judicial
En cualquier caso, el proceso para elegir al sucesor de García Ortiz no solo depende del Ejecutivo. La Constitución, en su artículo 124.2, establece que el fiscal general será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Pero es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal el que regula todo el procedimiento. El artículo 29 marca los requisitos del perfil: un jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Una vez el Consejo de Ministros haga la propuesta, el candidato tendrá que ser analizado por el CGPJ, que tendrá que elaborar un informe que no será vinculante en la designación.
Después, el Congreso tendrá que acoger la comparecencia del aspirante en la comisión correspondiente para que los diputados valoren los méritos y la idoneidad antes de que jure o prometa su cargo ante el rey y tome posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.
