García Ortiz pone fin a tres años de sinsabores como fiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz ha presentado su dimisión como fiscal general del Estado antes de que se termine de escribir la sentencia que le inhabilita dos años para el puesto por revelación de datos reservados conocidos en el ejercicio de su cargo. La decisión es un punto de inflexión en una carrera que se extiende 27 años y es un punto y final a tres años de sinsabores que arrancaron ya desde su nombramiento, cuando en 2022, su predecesora Dolores Delgado dio un paso a un lado en la Fiscalía General por razones de salud.

Salmantino (Lumbrales, 1967), García Ortiz ingresó en la Carrera Fiscal en 1998 y recaló en Mahón (Menorca). El gran giro de su carrera tendría lugar años después, cuando tras dos años en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela asumió Medio Ambiente, especialidad de la que llegaría a ser delegado. Fue él quien en 2005 llevó la acusación pública en la causa por el vertido del Prestige frente a las costas de Galicia, región en la que se ganó fama de jurista sólido y razonable.

En 2020, la exministra de Justicia y recién nombrada fiscal general del Estado Dolores Delgado le puso al frente de la Secretaría Técnica, una posición clave en el Ministerio Público que le convertiría en la práctica en su mano derecha.

Dos años después, le propuso para sustituirla al frente de la Fiscalía General. Fue declarado idóneo por el Consejo General del Poder Judicial y se estrenó en el cargo en septiembre de 2022. "Estoy aquí y ahora, delante de ustedes, porque represento la continuidad de un proyecto, de un trabajo en equipo, el reflejo de un relevante esfuerzo llevado a cabo en este tiempo gracias al inmenso capital humano de la Fiscalía española", dijo en su toma de posesión.

Sin embargo, ese mismo órgano de gobierno de los jueces, con el mandato vencido, le declararía inidóneo un año después, cuando el Ejecutivo le confirmó en el puesto. En la toma de posesión, celebrada en enero de 2024, lejos de contestar a esta circunstancia lanzó un mensaje que era toda una declaración de intenciones: "Convertir al Fiscal General en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Ese no es el modelo de Ministerio Fiscal imparcial que proclama nuestra Constitución. No es, tampoco, mi modelo de Ministerio Fiscal".

No se ha prodigado en comentarios, efectivamente, pero sí se han sucedido choques que le han puesto en el centro, tanto con el CGPJ como con el Tribunal Supremo, en sus tres años de mandato. El Senado, con los votos del PP, llegó a reprobarle.

Choques con el Supremo

La primera gran polémica se produjo cuando ascendió a fiscal de Sala a su predecesora en el puesto y defendió que quien ha sido fiscal General debe recalar en la máxima categoría de la carrera a su salida, como había ocurrido con María José Segarra. El Supremo tumbó su decisión por falta de motivación en una sentencia que le acusaba de "desviación de poder".

Hizo un segundo nombramiento, ya el de Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. El Supremo también lo anuló porque no se había recabado del Consejo Fiscal informe sobre posibles incompatibilidades. Superado este trámite, se formalizó ese nombramiento.

Además, fueron contestadas sus decisiones sobre la aplicación de la Ley de Amnistía frente a los fiscales que llevaron el 'procés', y la imputación por terrorismo que pedía un juez de la Audiencia Nacional sobre Carles Puigdemont en el caso Tsunami, que luego quedó archivado. También fue polémica su instrucción a los fiscales para recurrir todas las rebajas de condena que se quisieran aplicar en virtud de la 'Ley del sí es sí', una norma que acabaría enmendada.

Ya de su etapa en la secretaría técnica arrastraba un asunto que generó controversia, pues desde ese órgano se prescribió seguir indagando si el fiscal Ignacio Stampa había cometido revelación de secretos a una acusación popular desde su puesto en Anticorrupción, al frente del caso Villarejo. Aquella investigación interna quedó en nada pero por el camino, Stampa no consolidó su plaza y quedó fuera de la Fiscalía Anticorrupción y del caso Villarejo. Escribiría un libro denunciando que todo había sido un "complot" de Delgado y García Ortiz.

Dos asociaciones en contra

De puertas adentro de la Fiscalía, militó en la Unión Progresista de Fiscales y llegó a ser su presidente. Es la única de las tres asociaciones de la carrera que no le ha plantado batalla durante su mandato. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha pedido reiteradamente su cese o dimisión. La tercera en asociados, APIF, ejercía la acusación popular en el juicio por la supuesta revelación de secretos del novio de Isabel Dïaz Ayuso. Pedía seis años de cárcel.

Esa fractura se percibió también dentro del Ministerio Público cuando el Supremo abrió causa contra él por la revelación de datos del novio de Díaz Ayuso, entre los partidarios de que diese un paso a un lado y quienes cerraron filas con él tanto en la defensa de su inocencia como en su principal argumento para seguir adelante pese a la imputación: evitar el mensaje de que basta con una querella para derrocar al fiscal general del Estado.

Cientos de personas se manifiestan ante el Tribunal Supremo contra la sentencia al fiscal general del Estado

Inocente, responsable

El pasado mes de septiembre, cuando estaba al borde de juicio oral, los vocales conservadores del ya renovado CGPJ solicitaban que se abstuviera de participar en el acto de Apertura del Año Judicial, aunque es imperativo legal que participe en el acto solemne. "Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia", dijo aquel día, al borde de juicio oral.

Porque García Ortiz siempre se ha dicho inocente de la filtración del correo electrónico que se le atribuía y "responsable último", por estar dentro de la legalidad, de la difusión de una nota de prensa sobre el caso que rebatía las "falacias" que se vertían sobre la posición de la Fiscalía en el caso de González Amador.

Pero tras ocho meses de instrucción y seis días de juicio, la Sala de lo Penal del Supremo le ha condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados y antes de que se conozcan los motivos y razonamientos del fallo, García Ortiz ha decidido quitarse la toga de fiscal General del Estado. La misma que llevó puesta cada una de las sesiones del juicio oral y de la que sólo se despojó para prestar declaración como acusado.