Las declaraciones de Aldama, ¿un pasaporte para evitar la cárcel en el caso mascarillas?

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años de cárcel por organización criminal y otros tres, por cohecho continuado más una multa por aprovechar información privilegiada para Víctor de Aldama en el caso mascarillas. El cómputo ofrece una notable diferencia respecto de la petición de cárcel para Ábalos, que por estos tres mismos ilícitos afronta 15 años de prisión del total de 24 que insta el fiscal en su caso.

La diferencia estriba en que a Aldama se le ha aplicado al calcular la pena una atenuante de confesión porque, como reza el escrito de acusación, "ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando detalles sobre la duradera relación que mantuvo con Ábalos y Koldo García, el comienzo de la misma y el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales" y dando detalles.

Esa es la misma situación que ya le libró de prisión provisional y que aún le mantiene en libertad mientras Ábalos y Koldo García afrontan una revisión de sus medidas cautelares que podría acabar con ellos en preventiva o en libertad bajo fianzas elevadas este mismo jueves. Y el panorama podría ser aún más ventajoso para este comisionista que se dedicó, según los informes que obran en la causa, a comprar voluntades para prosperar en sus negocios privados.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción ha aplicado una atenuante simple a la petición de pena que supone una amortiguación del horizonte de años por el que Aldama puede ser condenado. Sin embargo, esa atenuante podría devenir en "muy cualificada" en función del devenir del juicio, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

Con esa mayor atenuación, las condenas que solicita el fiscal por organización criminal y cohecho podrían caer a la mitad y si ninguna supera el umbral de los dos años, cabría para Aldama solicitar la suspensión de su ingreso en prisión. La traducción es que podría no pisar la cárcel por el caso mascarillas pese a la gravedad de las conductas que él mismo ha reconocido.

De hecho, es así como ha diseñado la acusación popular, por su parte, el escrito de acusación en el caso del comisionista, aplicando una atenuante muy cualificada de manera que la pena más alta es de dos años y tres meses por una pluralidad de ilícitos de cohecho.

En concreto, los años que solicitan para Aldama, en total, son siete, los mismos de Anticorrupción, pero le acusa de más delitos y con penas más atenuadas en cada uno de ellos: organización criminal, continuado de cohecho y tres delitos autónomos de cohecho en calidad de autor, por un lado. Por otro, delito continuado de tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y dos delitos de prevaricación administrativa todos en calidad de inductor. Estos dos últimos, con atenuante también porque no es funcionario público.

El caso hidrocarburos

Frente a las posibilidades favorables para Aldama en el caso mascarillas, tiene por delante la parte de los contratos que se instruye en la Audiencia Nacional, incluida su relación con un guardia civil investigado. Pero sobre todo tiene pendiente el caso hidrocarburos, una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 5 y que va más lenta de lo que avanza el caso Koldo en el Supremo, entre otras razones porque cuenta con decenas de implicados entre investigados y testigos.

Esa es la investigación que llevó a Aldama a prisión provisional el 10 de octubre de 2024. Estuvo en Soto del Real hasta el 21 de noviembre, cuando salió tras declarar voluntariamente pero no sobre el fraude de 200 millones de euros en IVA que se investiga en ese asunto, del que se desmarca desde el inicio, sino sobre su relación con Ábalos y Koldo y las supuestas mordidas que les habría pagado a cambio de adjudicaciones, favores y gestiones.