Nicolas Guillou, el juez francés en la lista negra de EE.UU. por investigar crímenes de guerra en Gaza

París

La vida del juez francés Nicolas Guillou, miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), se ha convertido en un calvario desde que la administración estadounidense lo sancionó el pasado 20 de agosto. El motivo es haber autorizado a la Corte a emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, y el ministro de defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad por el genocidio en Gaza.

Las sanciones prohíben a cualquier persona u organización estadounidense, incluidas empresas y sus filiales en el extranjero, ofrecer servicios al magistrado. Las consecuencias han sido inmediatas. Guillou ha perdido sus cuentas en plataformas como Amazon, Airbnb y PayPal, no puede realizar transacciones en dólares ni recibir paquetes de compañías estadounidenses, y sus tarjetas bancarias American Express, Visa y Mastercard han quedado anuladas incluso en Francia.

"EE.UU. puede excluir a cualquier ciudadano europeo del sistema bancario y del espacio digital, no solo de su país", denuncia el juez, que vive como un fantasma a efectos económicos. Esta situación le impide pagar gastos cotidianos y genera una fuerte presión psicológica para él y su familia.

El alcance de las sanciones llega también a sus allegados. Contemplan penas de hasta 20 años de cárcel para cualquier familiar que le preste ayuda si tiene nacionalidad estadounidense, como ocurre con su cónyuge e hijos.

Guillou no es el único afectado. En total, nueve miembros de la CPI —seis jueces y tres fiscales, incluido el fiscal general Karim Khan— figuran en la lista negra de EE.UU., que actualmente incluye a unas 15.000 personas, en su mayoría dictadores o miembros de grupos terroristas.

Para la Corte Penal Internacional, estas medidas son un "ataque flagrante contra una institución judicial independiente" que debe defender el Estado de derecho frente a presiones externas. El caso, además, pone sobre la mesa el alcance de la extraterritorialidad del derecho estadounidense, que afecta a ciudadanos fuera de su territorio.

Guillou reclama a las autoridades europeas que activen mecanismos para limitar el impacto de estas sanciones y advierte sobre el poder político de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, que con estas restricciones obstaculizan el trabajo de los magistrados. El juez pide también avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica en Europa.