Fiscales progresistas tachan de "violencia institucional" que el Supremo no haya publicado aún la sentencia contra García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales ha difundido un comunicado en el que solicita públicamente al Tribunal Supremo que publique la sentencia que hace ocho días inhabilitó a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Consideran que estar condenado sin conocer los fundamentos de la condena es "una forma de violencia institucional".

"La motivación no es un trámite accesorio: es la garantía democrática esencial. Es lo que permite controlar la racionalidad de una decisión, verificar el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia y asegurar que una condena se dicta conforme a la ley, no a percepciones externas ni a presiones mediáticas o políticas", dice la asociación.

Razonan que "privar temporalmente al condenado —y a la ciudadanía— del conocimiento de esa motivación produce una grave inseguridad jurídica y genera un daño institucional y personal difícilmente reparable".

En este sentido, el comunicado subraya además que en democracia, "la sociedad tiene derecho a conocer por qué se condena, no solo que se condena". "Cuando la motivación se dilata durante días o semanas, se debilita la confianza pública, se enturbia el debate democrático y se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones", señalan.

La asociación descarta como argumento válido que en otras ocasiones, el Supremo haya adelantado el fallo de sus resoluciones "porque no estamos ante un recurso, sino ante un juicio en primera y única instancia" y esa sentencia es "la única explicación posible de por qué se condena".

"Aquí sí está en juego la presunción de inocencia en su máxima intensidad", añaden en esta línea, porque "adelantar el fallo sin esa motivación priva al condenado y a la ciudadanía de conocer las razones de la condena y rompe los estándares democráticos de transparencia y justicia".

Además, dice UPF, este no es "un litigio ordinario" sino "la primera causa penal en la historia contra un Fiscal General del Estado en ejercicio, una figura que encabeza una institución constitucional, y cuyo enjuiciamiento tiene una evidente trascendencia democrática, institucional y social".

"Precisamente por eso, este caso exige estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimientos abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta. En definitiva, no devaluar las garantías sino extremarlas".