Del cierre de Gobierno a la prórroga presupuestaria: ¿Qué pasa en otros países si no se aprueban las cuentas?

Madrid

Esta semana hemos visto en el Congreso la crónica de un fracaso anunciado. El Gobierno constató lo que ya se sabía: que no salía adelante la votación de la senda de déficit, el primer paso para unos Presupuestos Generales del Estado que siguen siendo ahora mismo un imposible por la falta de apoyos parlamentarios. Es la quinta vez que el Ejecutivo lo intenta en esta legislatura y, de momento, no ha aprobado unas cuentas nuevas.

La prórroga presupuestaria española es un mecanismo previsto en la Constitución que evita la parálisis administrativa, aunque limita la capacidad para lanzar nuevas políticas o inversiones. No es algo excepcional: en democracia, las cuentas públicas se han prorrogado nueve veces, incluyendo 2017 y 2018, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que prorrogar los presupuestos de Cristóbal Montoro por falta de apoyos. Más recientemente, Pedro Sánchez ha gestionado con presupuestos prorrogados desde 2023, en medio de una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria.

Este sistema es común en buena parte de Europa. En Francia, por ejemplo, si no hay acuerdo, el Ejecutivo puede aprobar créditos provisionales por decreto para cubrir gastos esenciales. El bloqueo presupuestario suele derivar en crisis política, como ocurrió en 2024, cuando la Asamblea Nacional tumbó el proyecto de cuentas para 2025 y el Gobierno de Michel Barnier acabó cayendo tras una moción de censura.

Alemania aplica un control estricto del gasto: el Gobierno sigue operando, pero con margen mínimo hasta que se apruebe un nuevo presupuesto. En 2024, el Ejecutivo de Olaf Scholz arrancó el año sin cuentas aprobadas y tuvo que recurrir a congelaciones presupuestarias para financiar partidas urgentes, como la pensión básica y el impulso a las renovables. Italia opta por la prórroga automática, igual que España, aunque con restricciones para gastos extraordinarios. Incluso la Unión Europea tiene su propio mecanismo: si no se aprueba el presupuesto anual, se aplican doceavas partes provisionales del anterior gracias al Marco Financiero Plurianual.

El caso de Estados Unidos es distinto. Allí no existe prórroga automática. Si el Congreso no aprueba el presupuesto ni una resolución temporal, se produce el famoso government shutdown: se paralizan servicios no esenciales y cientos de miles de empleados públicos dejan de cobrar. Es un arma política que convierte cada negociación presupuestaria en una batalla. El más largo de la historia ocurrió hace apenas unas semanas: 43 días de parálisis, con más de un millón de empleados afectados, vuelos cancelados y programas sociales congelados. El récord anterior, 35 días, se había registrado en 2019 durante la primera presidencia de Donald Trump.

Otros países importantes, como Canadá y Australia, aprueban autorizaciones provisionales para mantener el gasto básico. Japón permite seguir operando con el presupuesto anterior hasta que haya uno nuevo, evitando cierres abruptos. De hecho, en 2025 el Gobierno de Shigeru Ishiba tuvo que negociar durante semanas para sacar adelante unas cuentas récord, tras perder la mayoría parlamentaria, y recurrió a ajustes provisionales para no frenar el gasto social y militar mientras se cerraba el acuerdo definitivo.