Igualdad no ha abierto expediente sancionador a las empresas por los fallos en las pulseras antimaltrato

Un año y medio después de los fallos de las pulseras de maltratadores, el Ministerio de Igualdad no ha tomado ninguna medida contra la empresa adjudicataria que gestiona el servicio y responsable del apagón informático que afectó a los datos de los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento.

Ni le ha abierto expediente sancionador ni la ha penalizado, según reconoce el ministerio en una respuesta del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER. En ese mismo documento, Igualdad admite que no tiene las actas de seguimiento sobre las incidencias.

"No se ha incoado expediente sancionador ni procedimiento de resolución, ni tampoco se ha procedido hasta la fecha a la ejecución de garantías". Así figura en el documento firmado por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, y en el que se comunica que no han aplicado penalizaciones a la Vodafone y Securitas por "incumplimientos en los niveles del servicio o por ejercicio defectuoso" del contrato en la gestión y control de las pulseras de los maltratadores.

De momento, no se les exige ninguna responsabilidad por los fallos en el sistema Cometa que se produjeron en la migración de datos con el cambio en marzo del año pasado de la adjudicataria de Telefónica a Vodafone.

En la respuesta a través del portal de transparencia a la asociación Enclave Feminista, el ministerio reconoce además que tampoco hay actas mensuales de seguimiento y control emitidas por la empresa sobre la evolución de las incidencias. Dice que tiene "notas internas, borradores, opiniones, resúmenes o comunicaciones e información que tiene carácter auxiliar o de apoyo". En el escrito se señala que no son informes oficiales validados por la Administración General del Estado.

Preguntado el Ministerio de Igualdad sobre el contenido del documento, fuentes del departamento que dirige Ana Redondo añaden que se va a realizar una auditoría externa, que hay en marcha una investigación interna, que las penalidades se pueden imponer hasta que termine el contrato y que no se ha descartado nada. Igualdad está preparando la nueva licitación del contrato prevista para el mes de mayo.