La venta de un Goya que salvó a Esperanza Aguirre y acabó en los tribunales

Madrid

En 2010, la muerte de Ignacio Ramírez de Haro, suegro de Esperanza Aguirre, dinamitó la aparente armonía de una de las familias más antiguas de la nobleza española. Hasta entonces, nada hacía presagiar que el retrato que había presidido durante décadas la chimenea del palacete familiar acabaría convirtiéndose en el epicentro de una tormenta que mezclaba arte, política, deudas millonarias y un profundo enfrentamiento entre hermanos.

Según ha contado el periodista José Precedo, subdirector de ElDiario.es, el detonante fue la situación económica del primogénito, Fernando Ramírez de Haro, Conde de Bornos, caballero de Malta y marido de Esperanza Aguirre. Empresario agrícola con negocios fallidos, acumulaba deudas superiores a los siete millones de euros y buscaba desesperadamente una vía de escape. El cuadro, hasta entonces un elemento más del salón, se convirtió en su tabla de salvación cuando una tasación de Sotheby’s lo identificó como un Goya sin firmar, valorado en alrededor de ocho millones de euros.

La obra, Retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, datada entre 1795 y 1800, presentaba similitudes con los retratos del Duque de Alba pintados por el artista aragonés. Su valor convertía el lienzo en la pieza clave para evitar la ruina financiera del matrimonio Ramírez de Haro–Aguirre.

La donación fantasma y la implicación de Aguirre

A partir del hallazgo, la familia puso en marcha un plan para evitar que el cuadro formara parte de la herencia del patriarca fallecido y, por tanto, de la carga fiscal que ello implicaba. La solución acordada fue simular una donación verbal en vida que nunca existió, pero que quedó plasmada en documentos firmados por todos los herederos. Así se conseguía que la transmisión del Goya no estuviera sujeta a impuestos ni al incremento patrimonial derivado de su revalorización, según cuenta Precedo.

Los audios familiares, hoy en poder de la justicia y publicados por elDiario.es, muestran cómo los Ramírez de Haro justificaban esta maniobra internamente, primero como un acto de ayuda al hermano arruinado y, después, como un conflicto envenenado por el reparto del dinero.

En paralelo, la actuación de Esperanza Aguirre —entonces presidenta de la Comunidad de Madrid— quedó bajo sospecha. No promovió la declaración del lienzo como Bien de Interés Cultural (BIC), algo que sí estaba en sus competencias, y pidió en correos privados que toda la operación se mantuviera en secreto porque era, según ella misma reconocía, “delicada políticamente”. A ello se sumó que el Ministerio de Educación, dirigido entonces por José Ignacio Wert, tampoco intervino para proteger la obra.

El comprador, la Operación Canalejas y el primer juicio

En 2012, el cuadro fue vendido por 5.115.600 euros al empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL y amigo personal de Aguirre. La transacción coincidió con un momento clave: su empresa estaba pendiente de obtener autorizaciones para la Operación Canalejas, así como de cambios normativos impulsados desde la Asamblea de Madrid para facilitarla.

Con el paso del tiempo, la familia comenzó a resquebrajarse. Fernando Ramírez de Haro no repartió el dinero como había pactado y uno de sus hermanos decidió acudir a los tribunales. Lo acusó de estafa, fraude fiscal, blanqueo y apropiación indebida. La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, lo absolvió: consideró que había eximente de parentesco, que no había delito fiscal y que los documentos utilizados —pese a basarse en un relato falso— eran formalmente auténticos.

Tras fracasar en lo penal, el hermano denunciante acudió a la vía civil. Allí sí obtuvo respuesta. La sentencia, conocida la semana pasada, obliga a Fernando Ramírez de Haro a pagarle 853.732,83 euros más intereses y costas, cifra que roza el millón de euros. Esa cantidad figuraba en un documento firmado por él mismo donde se comprometía a compensar a sus cuatro hermanos y a una sobrina. Solo uno reclamó. La resolución, no obstante, es recurrible.

¿Dónde está ahora el Goya?

Tras la venta, el cuadro colgó en la planta 52 de Torre Espacio, sede de las oficinas de Villar Mir. Pero en 2021, junto a obras de Rubens, Zurbarán y Sorolla, fue entregado al Banco Santander como parte de una dación en pago por un crédito impagado de OHL por 72 millones. La familia Villar Mir aseguró entonces que podía recuperarlo, aunque Juan Miguel Villar Mir falleció en 2023 sin que se produjera esa devolución. Ese mismo año, ya bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid declaró finalmente el cuadro Bien de Interés Cultural.

El cambio legal que anticipó la herencia

Por si faltaba algún ingrediente, la investigación reveló que el Gobierno madrileño de Aguirre aprobó un decreto que reducía en un 95% el impuesto de sucesiones… tres días antes de la muerte de su suegro. La Audiencia Provincial calificó la coincidencia como “casual” y recordó que la medida beneficiaba a una “pluralidad de herederos”, ha explicado Precedo.

La herencia declarada oficialmente tras seis siglos de linaje incluía solo dos coches en mal estado, dos escopetas y dos rifles, valorados en 2.000 euros. Todo lo demás —antigüedades, mobiliario y obras de arte por valor de ocho millones— quedó amparado bajo la donación falsamente atribuida al difunto. Una trama que ni los guionistas de Dinastía habrían osado imaginar.