El juez cree que el director de Acciona pactó con Santos Cerdán en 2015 por una capacidad de influencia que solo tendría 3 años después
El juez que instruye el caso Cerdán afirma en un auto que el exdirector de Acciona Construcción suscribió en 2015 un acuerdo de colaboración con la empresa vinculada al político porque “confiaba” en su futura capacidad de influencia para amañar adjudicaciones. En 2015 Cerdán estaba en la oposición en Navarra y el PSOE no llegaría a la Moncloa hasta 2018
Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona en España, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo (TS)(EFE)
Madrid
El juez instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, ha afirmado en el auto por el que ha acordado medidas cautelares para el exdirector de Acciona Construcción, Justo Vicente Pelegrini, que el directivo suscribió el 16 de septiembre de 2015 un acuerdo de colaboración con Servinabar, constituida solo 11 días antes y supuestamente vinculada a Santos Cerdán, porque “confiaba” en que se producirían “adjudicaciones futuras” para las que el político “desplegaría” su “indebida influencia sobre otros investigados en esta causa que ocupaban cargos públicos decisivos” en relación a las contrataciones.
En septiembre de 2015 Santos Cerdán era secretario de organización del Partido Socialista de Navarra y portavoz parlamentario autonómico, pero se encontraba en la oposición. Tampoco tenía capacidad de influencia en el Gobierno central, entonces dirigido por el PP con mayoría absoluta.
El PSOE no llegaría a la Moncloa hasta 2018 y de forma sorpresiva tras la moción de censura por la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, por lo que los “cargos públicos decisivos” también “investigados” sobre los que Cerdán podría “desplegar” su influencia, como José Luis Ábalos o Koldo García, no serían elegidos hasta tres años después de que Pelegrini ideara su plan, según la teoría del magistrado.
Durante el interrogatorio, Justo Vicente Pelegrini ha dicho que los trabajos por los que Acciona facturó 6.7 millones a Servinabar fueron efectivamente realizados en materia de prevención de riesgos laborales y otros conceptos, de los que puede aportar facturas, y ha negado el pago de comisiones o irregularidad alguna. Asevera que el 2% era el límite máximo a pagar en condiciones normales de contrato, no una mordida. Sostiene que tenía una buena relación con el gerente de Servinabar, Antxon Alonso, y que en un par de ocasiones comieron ambos con Santos Cerdán, pero niega que fueran reuniones de negocios. Que se trató de encuentros enmarcados con agentes sociales para ver el impacto de los proyectos en Navarra. El juez le ha preguntado si había mantenido reuniones similares con otros políticos, y Pelegrini ha dicho que sí, aunque no ha especificado con quienes.
En similares términos se ha pronunciado Tomás Olarte, directivo de Acciona para el norte, quien ha afirmado que ni conocía al resto de investigados, a excepción de Alonso, y que comprobó que Servinabar ejecutó los trabajos.
El juez les impone las medidas cautelares solicitadas por el fiscal: comparecencias quincenales, prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte.
Por otra parte, el Supremo ha rechazado el recurso de Ábalos contrario a que se le investigue por supuestos amaños en Transportes. Dice que la queja del ministro es inasumible, valida la apertura de la pieza separada para analizar las contrataciones en el Ministerio que ocupaba y desestima todas sus pretensiones.
