El gobierno de Ayuso admitió en 2022 ante la Justicia el pago de 6,8 millones más a Ribera Salud por el Hospital de Torrejón

Madrid

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso abonó a Ribera Salud 6,8 millones de euros adicionales por la liquidación del Hospital de Torrejón del año 2015 que se había cerrado en junio de 2021 con un saldo de favorable a Ribera Salud de 4,32 millones por servicios sanitarios.

Sin embargo, la concesionaria no estaba de acuerdo con el cálculo y exigió el pago de 7,6 millones de euros adicionales. El caso terminó en el Tribunal de Justicia de Madrid.

En el seno de ese procedimiento, el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad emitió un segundo informe con una nueva liquidación que elevó a la sala de lo contencioso-administrativo. El documento cedía y revocaba la primera decisión admitiendo el pago de esos 6,8 millones de euros más que se quedaron fuera del radar de la Justicia.

La sentencia de abril de 2022, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, no analiza si ese sobrecoste se ajusta o no a la legalidad. El juez decía que "procede estimar el recurso en el extremo en el que las partes han mostrado su conformidad" y "dados los términos en los que se ha desarrollado este procedimiento con allanamiento y desistimiento parciales no procede imponer costas procesales".

La gestión privada, una nueva polémica

La gestión privada de hospitales públicos ha abierto una nueva polémica entre el ejecutivo de la Comunidad de Madrid y el Gobierno, tras conocerse que la empresa gestora del centro hospitalario público de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más dinero.

El diario El País ha publicado una grabación del CEO del grupo Ribera, que gestiona el centro, Pablo Gallart, en la que pide a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".

El Hospital Universitario de Torrejón, inaugurado por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en 2011, está basado en el modelo de gestión público-privada, bajo la modalidad de concesión administrativa.

Esto supone que la financiación, la propiedad y el control es público, mientras que la prestación del servicio sanitario está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria, en este caso, el grupo Ribera Salud.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que "en ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)".

La Consejería ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa y un equipo multidisciplinar del Departamento se ha personado en el hospital para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.

No obstante, han asegurado que "no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP, a través de su cuenta en red social X, de "hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse".

Sánchez ha criticado que el CEO de una empresa que gestiona un hospital público de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, esté "decidiendo sobre la vida de la gente" y ha señalado que "en eso consiste la privatización de la sanidad".

"Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias. No lo vamos a permitir. El Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado", ha asegurado.

Más Madrid y el PSOE han anunciado acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante "la grave vulneración de la protección del derecho a la salud y la perversión del uso de la sanidad pública madrileña, puesta al servicio del interés económico de las empresas".

La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que desde su Departamento investigarán a fondo las informaciones que apuntan a que la empresa gestora del hospital público de Torrejón de Ardoz ordena rechazar pacientes para ganar más dinero, con vistas a tomar posibles medidas legales.

"Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad pública. Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos", ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López.