La empresa gestora del Hospital de Torrejón ordenó reutilizar material sanitario de un solo uso

Gestores del Hospital de Torrejón ordenaron reutilizar material sanitario que era de un solo uso. Ordenó coger catéteres ya usados, los tubos finos que se introducen en el cuerpo de un paciente para, por ejemplo, hacerle una prueba, tomarlos después de su primer uso, esterilizarlos y utilizarlos con otro paciente, incluso hasta diez veces aunque su etiquetado marcaba con claridad que debían desecharlos y emplear uno nuevo con cada prueba, con cada personas que atendían.

Es la novedad que cuenta esta mañana el diario El País de un caso que sigue poniendo en duda la gestión privada de este hospital público.

Dice esa información de El País, que esta fue una de las instrucciones que denunciaron por los canales internos cuatro de los directivos del hospital que gestiona Ribera Salud. Explicaron que por la ficha técnica que así lo indica, este material no se puede volver a esterilizar. Que era ilegal y mala praxis médica. Solo se puede enviar a una empresa especializada y externa para intentar reacondicionarlo.

Cuatro días después de denunciar cosas como esta, la empresa, Ribera Salud, despidió a los directivos. Hoy la misma empresa niega haber realizado estas prácticas de repetir catéteres. Pero hace ya siete meses que un grupo de trabajadores firmó un manifiesto en el que denunciaban presiones para abaratar costes. Eran hasta 260 profesionales que se quejaban de que la calidad del servicio empeoraba en lo más básico. De que los intentaban forzar a priorizar a los pacientes más rentables y así dejar sin atención a los "baratos". De que los presionaban para hacer prácticas que los profesionales sanitarios consideraban incorrectas.

Sanidad ordena abrir una investigación

El Ministerio de Sanidad ordenó el jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

Fuentes de Sanidad confirmaron a la SER la decisión del Ministerio, que quiere saber si se ha podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes. Paralelamente a la investigación, la ministra Mónica García ha remitido una carta a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro".