La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU la condena de Álvaro García Ortiz
La asociación reclama la intervención de la relatora de Naciones Unidas por las “graves anomalías” detectadas en el proceso, entre ellas, el curso que impartieron en el colegio de la abogacía de Madrid tres de los magistrados que formaron parte del tribunal
Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).(EFE)
La UPF (Unión Progresista de Fiscales) ha solicitado la intervención de la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial ante las “graves anomalías” y la “sucesión de irregularidades institucionales” detectadas en el procedimiento contra el fiscal general del Estado.
Estas anomalías que “generan una aparente falta de imparcialidad” son “la acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados” que son los que abren la investigación y firman la condena; medidas “extremadamente invasivas” como “la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado que incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas” y “comportamientos públicos impropios durante el juicio y la deliberación”.
En este punto recuerdan “intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad”, los “vínculos académicos” entre el magistrado Antonio Del Moral y algunos abogados de la acusación y el curso del Colegio de la Abogacía de Madrid, acusación también en el caso, en el que se escucharon “comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción”.
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A esto hay que sumar el adelanto del fallo hace ya tres semanas y que el tribunal todavía no haya publicado la sentencia. “Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican. Esta práctica afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones”, dice la UPF.
El comunicado que ha difundido la asociación recuerda que la Relatora tiene el mandato de Naciones Unidas de “supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces” y que acudir a ella “no es un gesto político: es un mecanismo de protección institucional”. Su intención no es “desacreditar a la justicia española, sino protegerla”.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...
