Los países de la Unión Europea llegan a un acuerdo para acelerar la deportación de migrantes a terceros países no comunitarios

Los Veintisiete han logrado este lunes un acuerdo que suaviza las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como ya intentó Italia con Albania.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó claro a su llegada a la reunión de titulares de Interior de la UE en Bruselas que España rechaza estos cambios, no sólo porque duda de su efectividad, sino también por las incertidumbres sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario e internacional en materia de Derechos Humanos.

En concreto, los ministros han acordado cuáles serán sus líneas rojas en las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la redacción final de la directiva de retorno. Con este acuerdo, respaldan que los gobiernos europeos puedan negociar bilateralmente con terceros países la creación de centros de acogida, a los que podrían trasladar a migrantes a quienes se les haya denegado el asilo pero cuya deportación a un país seguro aún esté pendiente.

La reforma, que endurecerá el marco europeo de migración y asilo, también incluye sanciones más severas para aquellos migrantes sin derecho a permanecer en la UE que se nieguen a ser deportados. Entre estas medidas figuran periodos más largos de retención y una extensión de la prohibición de volver a entrar en la UE tras una orden de expulsión.

La posición del Consejo, de hecho, apunta medidas contra quienes no cooperen como denegar o reducir subsidios, retirar permisos de trabajo e, incluso, penas de prisión para los casos más extremos. En cuanto al veto de entrada, los países son partidarios de que en los casos de personas que representen un riesgo para la seguridad la prohibición de entrada pase a ser indefinida.

Además, como mecanismo para acelerar estas deportaciones, los Veintisiete han alcanzado también un acuerdo preliminar sobre el concepto de "país tercero seguro", al que los Estados miembros podrán enviar a migrantes en situación irregular sin necesidad de que exista un vínculo previo entre la persona trasladada y el destino.

Sobre este punto, Grande-Marlaska advirtió a su llegada a la reunión que "rompe con la integridad del Pacto migratorio antes de que haya echado a andar" y señaló las dudas legales sobre si esta redefinición del concepto de país tercero seguro respeta los derechos y obligaciones de quienes solicitan protección internacional. Durante el debate público entre los ministros, otras delegaciones, como las de Portugal y Francia, también expresaron reservas por su posible impacto político, social y constitucional, aunque ello no impidió que prosperara una posición que cuenta con el respaldo de una "amplia mayoría", según confirmó el ministro danés que ejerce la presidencia de turno del Consejo este semestre.

Con este acuerdo, los Veintisiete han respaldado también la primera lista de países que Bruselas propone considerar como países terceros seguros en toda la UE —sin impedir que los Estados miembros amplíen ese listado por su cuenta—. Dicha lista incluye a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo, además de todos los países candidatos a la adhesión al club comunitario, aunque en algunos casos con posibles excepciones.