19 días y 500 noches

Madrid

La sala segunda del Tribunal Supremo ha tardado 19 días en hacer pública la sentencia que inhabilita al anterior fiscal del Estado, le impone una multa y una indemnización a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta tardanza, puente de la Constitución mediante, parece corroborar lo que ya se dijo cuando se conoció el fallo: lo difícil que iba a ser montar una decisión condenatoria atendiendo a lo que se escuchó en el juicio.

Este iba en una dirección y la sentencia ha ido en la contraria. Seguimos sin saber de dónde han sacado las pruebas condenatorias los cinco magistrados que han aprobado la sentencia, cuando parecía existir una gigantesca contraprueba continuada, avalada por las declaraciones de la mayoría de los testigos. La atribución de la filtración al fiscal general “o a una persona de su entorno” revela falta de exactitud y parece dictada más cerca de la barra de un bar que de una sala del Tribunal Supremo.

Será difícil explicar en el Constitucional esa distancia temporal entre el fallo y la sentencia. Habitualmente un fallo se adelanta a la sentencia cuando ésta va a ser favorable al ciudadano juzgado, cuando es absolutoria, para aligerar su sufrimiento y su preocupación.

Han pasado 19 días. Resulta que Sabina no se había jubilado.