Expertos en derecho cuestionan la legalidad del nuevo centro universitario impulsado por el Colegio de Abogados de Madrid

Expertos en derecho consultados por la SER cuestionan la legalidad del nuevo centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid que va a poner en marcha el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), gracias a la autorización que ha recibido del Gobierno de Ayuso en pleno juicio al fiscal general en el que el ICAM se personó como acusación popular. Pocos días antes de conocer la la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, el pasado 11 de noviembre, el gobierno madrileño aprobó la orden por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario ICAM a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este nuevo centro universitario podrá impartir el grado de Derecho y tres másteres vinculados a la profesión con precios que pueden cuadruplicar las tasas de estos estudios en la propia Complutense.

Sin embargo, desde que el ICAM solicitó a la Complutense la adscripción, en 2023, varios informes de la propia Comunidad de Madrid han puesto reparos a esta operación. Reparos que el Colegio de Abogados madrileño ha ido soslayando. La primera objeción fue de la propia agencia madrileña de calidad universitaria, la Fundación Madrimasd, que alertó a la Comunidad de que el ICAM no podía impartir grados universitarios porque la ley que regula a los colegios profesionales solo los habilita para la formación de posgrado, que es lo que el Colegio de Abogados ha venido haciendo hasta ahora. No solo el ICAM, buena parte de los colegios profesionales (medicina, arquitectura, ingeniería, etc.) imparten formación para titulados tal y como se recoge en las funciones atribuidas por ley a estos organismos.

La segunda objeción fue de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. En un informe, al que hemos tenido acceso, constataba que los propios estatutos del ICAM no estaban encaminados a convertirse en este tipo de centro universitario. El ICAM tomó nota de las recomendación jurídicas de ese documento y en julio de este año, cuatro meses antes de conseguir la luz verde del gobierno regional, cambió esos estatutos y se habilitó a sí mismo para impartir grados universitarios, esquivando así la ley estatal.

Expertos en derecho consultados por la SER consideran que este cambio de estatutos es nulo porque contradice el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales ya que ambas normas, de rango superior a los estatutos de un colegio autonómico, no recogen la posibilidad de convertirse en centro universitario y de impartir titulaciones oficiales. Para Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, "no es normal ni razonable que un colegio profesional se dedique a la docencia porque no es su función institucional". Según González, "la modificación que se ha hecho de los estatutos contradice la Ley de Colegios Profesionales donde la función docente aparece como una función para colegiados". "Es una autorización de la Comunidad de Madrid que no responde a la normativa", concluye este catedrático.

Las fuentes consultadas por esta emisora aseguran que ha vencido el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo contra los nuevos estatutos del ICAM aunque sí se podría, por parte de la Comunidad de Madrid, iniciar un procedimiento administrativo de revisión de oficio de dicha disposición si estimara que concurre una causa de nulidad de pleno derecho, de las previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Universidad Complutense se aferra a ese cambio en los estatutos para justificar la legalidad de la operación. Fuentes del equipo rector explican que el proyecto del ICAM complementa académicamente a la universidad pública que "no consigue cubrir la elevada demanda que existe para los grados de Derecho".