Xavier Vidal-Folch: "Lo peor de la sentencia es que condena sin pruebas. Si el condenado recurre, tiene buenas bazas ante los tribunales superiores"

Barcelona

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz es más que discutible. Le atribuye haber filtrado los correos del abogado del novio de la presidenta madrileña, en la que reconocía que defraudaba impuestos. Pero no ofrece ninguna prueba de su sospecha. Y le culpa también por emitir una nota informativa aclaratoria, pero omite que era su obligación según el Estatuto del Ministerio Fiscal, y olvida que no se le investigó por esto.

Sobre todo, le atribuye el delito de revelar datos reservados, pero confunde datos con secretos. Ya es mucho confundir en un asunto tan importante. Si a uno le condenan por homicidio, por favor, escriban homicidio y no asesinato. Si por hurto, pongan hurto y no estafa. Son figuras delictivas distintas.

Pero hay más. Aunque enmascarándolo con elogios sobrantes, considera que los periodistas que tuvieron conocimiento del teórico “secreto” antes que el fiscal general, no dijeron la verdad al tribunal; o simplemente no les hace caso, o minusvalora su obligación de no revelar las fuentes, a lo que les autoriza, y obliga, la Constitución.

Lo peor de la sentencia conocida hoy es que condena sin pruebas. Aunque parezca imposible, la doctrina de este tribunal es que se puede condenar sin pruebas: basta que haya unos indicios abrumadores, que estén bien trabados, y que el conjunto pueda tener primacía sobre otras interpretaciones. Claro que esas otras interpretaciones ni se indagaron ni se discutieron en el juicio, o sea que de facto se ocultaron, ese juego ventajista.

Pero la justicia europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exige todavía mucho más: impone el requisito de que la decisión del Tribunal quede “más allá de toda duda razonable”. Pues bien, eso no sucede: el voto particular de sus dos magistradas discrepantes, contra la mayoría reaccionaria de la Sala, plantea todas las dudas del mundo. Si el condenado recurre, tiene buenas bazas ante cualquiera de los tribunales superiores al Supremo. Aquí y en Estrasburgo.