Mariola Urrea, jurista: "Asistimos al mayor daño que el Tribunal Supremo ha podido hacer a la justicia en este país"

Madrid

El Tribunal Supremo ha publicado este martes la sentencia completa que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. Es el desarrollo del fallo que el alto tribunal adelantó hace 19 días y en el que cinco magistrados concluyen que existe un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" para atribuirle la filtración del correo electrónico que afectaba a la pareja de la presidenta madrileña y la posterior nota de prensa con la que la Fiscalía desmintió un bulo difundido por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Para el Supremo, García Ortiz "quebrantó su deber reforzado de reserva" y no existe una alternativa razonable que apunte a otra autoría.

El tribunal sostiene esta conclusión en elementos como el borrado del teléfono del exfiscal general, su negativa a responder a determinadas preguntas, el testimonio de la fiscal Almudena Lastra o una llamada perdida de un periodista de la SER al acusado. Aunque los jueces afirman no restar veracidad a los testimonios que apuntaban en la dirección contraria, sí señalan que "ceden ante esa pluralidad de indicios". La sentencia remarca, además, que solo juzgan "unos hechos concretos", no una trayectoria profesional "brillante".

En paralelo, el Supremo rechaza que esta condena sirva para anular la causa por fraude fiscal que afecta a la pareja de Ayuso, a quien reprocha el uso de "tintes exageradamente tremendistas" y recuerda que "no es un ciudadano anónimo".

En este contexto, Mariola Urrea ha valorado en El Abierto de Hoy por Hoy que el fallo "no sorprende a nadie" porque, a su juicio, el Tribunal Supremo está siendo "coherente en su comportamiento a lo largo de este proceso". Ha recordado la fase de instrucción, que ha calificado de "verdaderamente estrambótica", y ha subrayado que los votos particulares son "una enmienda a la totalidad" de la posición de los cinco magistrados de la mayoría.

Urrea ha indicado también en la forma en la que se comunicó el fallo, 19 días antes de conocerse la sentencia: "Esto levantó serias dudas acerca de la existencia de una deliberación seria, real y creíble". La jurista ha reconocido su propio debate interno entre analizar el valor probatorio y la autoría del delito o asumir lo que, ha dicho, "piensa hoy al menos la mitad de España: que estamos ante una sentencia política". Para la otra mitad, ha añadido, basta con "una supuesta argumentación jurídica".

Urrea ha advertido de que el resultado es devastador para la credibilidad institucional: "Creo que asistimos al mayor daño que el Tribunal Supremo ha podido hacer a la justicia en este país: que nadie crea realmente que estamos ante una sentencia que fija una verdad judicial, sino ante un debate abierto sobre a quién convence y a quién no, como si estuviéramos comentando un partido de fútbol".

Y ha concluido: "Esto erosiona la confianza en la justicia y creo que es por obra y gracia del propio Tribunal Supremo".

A la valoración de Urrea se han sumado Elisa de la Nuez y Carlos Sánchez. De la Nuez, también jurista, ha recordado que "no hay una prueba directa contra el fiscal general", sino una "prueba indiciaria" que para parte de la ciudadanía puede no resultar suficiente.

Por su parte, Carlos Sánchez ha añadido que "cada vez es más barato en España condenar a alguien cuando no hay una prueba", advirtiendo de que abaratar el listón probatorio significa que "cualquier ciudadano puede ser condenado por esta causa".