La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza dentro de la investigación por la que fue detenida Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado varios registros este jueves en empresas vinculadas a Servinabar, entre ellas la sede de Forestalia Renovables en Zaragoza, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Según han informado fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación de la UCO.

Este jueves ha habido un tercer detenido, el que fuera socio de Cerdán, Antxon Alonso.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra

Además, la Policía Nacional ha accedido este jueves a la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra en busca de documentación en el marco de otra investigación por un presunto delito de blanqueo que discurre al margen de la operación en la que ha sido detenida la exmilitante socialista Leire Díez.

Ampliar

Cerrar

El registra a la sede de esta empresa es una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto.

Este Juzgado de Instrucción investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo, y descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas de Manos Limpias, PP y Vox.

Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Fuentes de Plus Ultra resaltan a EFE la plena colaboración de la aerolínea, que está "facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera", y subrayan que no se trata de un registro.