Atacados, inhabilitados o acusados de terrorismo, tres abogados que desafían la impunidad pese al coste personal

2025 pasará a la historia como el año en el que el derecho internacional saltó por los aires. La impunidad con la que se han perpetrado crímenes en Gaza, en Ucrania o en Sudán tendrá consecuencias en otros territorios que también sufren conflictos con mucha menos repercusión que esas tres grandes guerras.

Los abogados Sahar Francis, Hali Mahmoud y Gema Jones trabajan sobre el terreno en diferentes contextos de represión extrema y en casos que los enfrentan directamente al poder, como es el caso de los presos políticos. Nos reciben en el Congreso de Derechos Humanos organizado por el Consejo General de la Abogacía Española para valorar la actual deriva de las leyes y del derecho humanitario.

Considerada terrorista por Israel y EEUU

Francis, abogada palestina especializada en derechos humanos, trabaja desde hace 28 años con presos políticos palestinos detenidos bajo la ocupación israelí, cuya situación se ha "deteriorado gravemente" desde el 7 de octubre. Cuenta que, por eso, con su asociación, ofrece asistencia jurídica gratuita y visita los centros de detención y las prisiones "para comprobar si hay tortura, malos tratos, acoso sexual u otras violaciones de la ley que denunciamos ante la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y el resto de plataformas judiciales".

"Como pueblo palestino, llevamos décadas sufriendo opresión y violaciones de derechos básicos", asegura, de las que no se libran las organizaciones. Desde el sector agrícola a la salud, la ayuda humanitaria o todos los servicios públicos, sufren "ataques graves que buscan silenciarnos, prohibir nuestras actividades de apoyo a nuestra gente sobre el terreno". Sahar Francis, en su caso, fue procesada en 2021 por intentar apoyar a su cliente. "El proceso contra mí duró seis años. Intentaron quitarme la licencia, pero perdieron el caso. Sin embargo, desde entonces, tanto mi organización como yo misma hemos sido objeto de una larguísima campaña de difamación con acusaciones falsas", explica la abogada.

Esa campaña terminó con Israel declarándolos organización terrorista en 2021. "Entraron en las oficinas, sellaron las puertas, robaron los bienes que tenía la organización", relata Francis. Lo mismo les ocurrió a otras siete organizaciones. Intentaron prohibirles trabajar, pero ellos reabrieron la oficina ese mismo día. Sin embargo, unos meses más tarde fue Estados Unidos la que les declaró organización terrorista por la presión de Israel. Eso implica que todas sus cuentas bancarias están bloqueadas, porque las opera EEUU, y que tampoco pueden comunicarse con sus financiadores, otros colegas en Estados Unidos u organizaciones internacionales como Human Rights Watch, porque si colaboran con ellos se convierten también en criminales.

La abogada palestina lamenta que vivimos un momento "muy delicado y peligroso desde el punto de vista de los derechos humanos" en todo el mundo por la falta de confianza en un sistema de derecho internacional que no ha sido capaz de frenar el genocidio que hemos visto en directo en Gaza. "La clave está en la rendición de cuentas", dice. "Si Estados Unidos, los israelíes y sus aliados pueden salirse con la suya con delitos tan graves, un genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad… sin ningún tipo de responsabilidad, ¿cómo podremos buscar responsabilidad en otros regímenes dictatoriales? Creo que esto facilitará la opresión de la oposición y las minorías en general", sentencia.

Atacada por desafiar los intereses económicos

La especialidad de la ecuatoguineana Gema Jones es el derecho tributario, pero es defensora de derechos humanos y del territorio en la República de Guinea Ecuatorial. Se dedica a promocionar los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que según dice es un sector que "genera mucho estigma". "Enfrentamos muchas injerencias, hostigamiento y acoso", denuncia, una persecución que salta incluso a otros Estados, como España, cuando los intereses de esos países chocan con su disidencia.

En 2023 Jones fue inhabilitada durante dos años para ejercer la abogacía. Este año ha logrado revocar la sanción, pero los ataques no se han quedado ahí. Ha sido objeto de difamación en la televisión pública y en la televisión privada de Guinea Ecuatorial. "Se hizo una grabación ilícita de mi voz, se manipuló y se emitió en el telediario", cuenta. Aún sigue litigando por este asunto, con el consiguiente menoscabo moral y económico.

"Estamos sufriendo y estamos en un momento de mucha controversia porque tampoco gozamos de la libertad ni de los mecanismos o recursos suficientes para que podamos trabajar con independencia", denuncia Jones. Pero insiste en seguir trabajando y alzando la voz para proteger a los colectivos sociales más vulnerables y visibilizar sus realidades sociales.

Expulsado por defender el Sáhara

Vetado por un decreto del Estado marroquí por su postura política en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui, el abogado saharaui Hali Mahmoud se dedica a la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, específicamente a los presos políticos. A pesar de la prohibición de ejercer como abogado, Mahmoud sigue con su trabajo como activista por convicción de que es "un chivo expiatorio para espantar a todos aquellos que se atreven a pronunciarse" y con la esperanza de mostrar la realidad en un territorio "hermético" como es el Sáhara Occidental, donde "quieren impedir que haya una voz que transmita esta realidad".

Pero las represalias del Estado marroquí no se han quedado ahí. Ha sufrido daños físicos, vejaciones y amenazas de todo tipo. Ha estado preso, detenido varias veces, desaparecido… e incluso le han querido acorralar y aislar persiguiendo a sus familiares y allegados. Este tipo de ataques no son hechos aislados. Mahmoud habla de más de 500 expulsiones violentas del Sáhara Occidental de activistas, algunos abogados, que han intentado acceder, un centenar de ellos españoles.

"Los derechos humanos están siendo pisoteados, sacrificados" en favor de grandes intereses económicos, lamenta Hali Mahmoud. En su caso, lo ve en que Marruecos está siendo forzado a reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios palestinos a cambio de que se le ceda la soberanía del Sáhara Occidental. "Son unos intercambios de intereses económicos que pisotean y ponen en peligro el legítimo derecho de los pueblos a existir y su derecho a decidir". Además, critica la hipocresía de los países europeos que llevan la democracia por bandera mientras “intentan esquivar la sentencia del Tribunal Europeo respecto al tema de los recursos naturales del Sáhara Occidental para negociar y comprar lo robado” y apoyan el plan de autonomía marroquí.