Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

Las infracciones de la normativa de consumo, identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución son, según Consumo, prácticas comerciales desleales con los consumidores, en los que se incluye publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o hacerlo indicando un número de licencia que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros.

Además, incluye otros incumplimientos como omitir información sobre la la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento de uso turísticos que se publicita en esta plataforma, la negativa a a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección y el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores.

Por ello se impone una sanción por infracción grave, por importe de 64.055.311 euros y dicha cuantía es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.

Se mantienen varios expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio mantiene también en curso distintos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.

"Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país", según declaró.

En paralelo, señaló que "hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", al tiempo que también advirtió de que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".