Colegiados del ICAM denuncian conflicto de intereses en la creación de su nuevo centro universitario

Desde principios de 2023, Ester Mocholí, diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), está ejerciendo como asesora y promotora del nuevo centro universitario que la Comunidad de Madrid ha autorizado en noviembre, coincidiendo con el juicio contra el ex Fiscal General del Estado, tal y como avanzó la SER. Esta diputada ha pilotado la creación del centro del ICAM y sigue participando en las decisiones sobre este proyecto a pesar de en julio de este año fue nombrada rectora de la Universidad Villanueva, una universidad privada cercana al Opus con sede en Madrid. Así lo denuncian colegiados como la Asociación Libre de Abogacía (ALA) que este martes va a plantear ante la Junta General del ICAM un presunto conflicto de intereses.

Según la cronología de los hechos, en junio de 2023 el ICAM contrató a Ester Mocholí como asesora para el desarrollo del proyecto formativo con un sueldo de más de 70 mil euros al año, según los cálculos de ALA, extraídos de las cuentas colegiales. Unos meses después, el Colegio de la Abogacía de Madrid creó una Sociedad de Responsabilidad Limitada para impulsar este nuevo centro universitario de carácter privado pero adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Una sociedad con un capital inicial de 3.000 euros, participada únicamente por este Colegio, con la diputada Mocholí como apoderada. El contrato con Mocholí para los trabajos de asesoría se prorrogó en abril de este año con fecha de finalización en octubre aunque, según ALA, no consta que ese contrato haya quedado extinguido. Un extremo que tampoco aclaran desde el ICAM a preguntas de esta emisora.

Paralelamente, en julio de este año, la Universidad Villanueva nombró rectora a esta diputada, que desde entonces ha venido compaginando funciones similares en distintos centros universitarios privados que son competencia entre sí, algo que según ALA constituye un presunto conflicto de intereses. "En julio de 2025 fue nombrada rectora sin que conste ni que haya dejado de ser apoderada de la Sociedad Limitada constituida por el ICAM, ni que esta diputada haya dado cumplimiento al deber de comunicación de ese conflicto ni que exista acuerdo expreso alguno por el que se la dispense para que esa actuación en su doble condición pudiera ser licita", afirma María Andrés Rodríguez, colegiada y miembro de la Asociación Libre de la Abogacía. "Desde julio se han abordado en Junta de Gobierno cuestiones muy importantes sobre el futuro de CUICAM sin que conste la abstención de Mocholí por lo que el conflicto de intereses es más que evidente", recalca esta colegiada. Mocholí, además, ha estado promocionándose en sus redes profesionales como directora de CUICAM, un cargo que no es real de un centro todavía inexistente.

La reunión que celebra este martes el ICAM está centrada en las cuentas del 2024 y el presupuesto del 2026 y aquí también se pedirán explicaciones de los colegiados a la Junta de Gobierno que, según ALA, no ha facilitado en esta ocasión los documentos y actas solicitados por esta Asociación que denuncia la opacidad del decano, Eugenio Ribón. Y hay mucha preocupación por el agujero en las cuentas del ICAM que va a provocar el nuevo proyecto académico. "En el proyecto de gastos que el Colegio presentó a la Complutense se reconoce que el nuevo centro universitario va a ser deficitario los primeros 3 ó 4 años", afirma María Andrés Rodríguez. Según los cálculos recopilados por esta asociación, hasta el momento se han gastado casi 300 mil euros sin que CUICAM haya empezado su andadura, para lo que todavía falta un trámite: la aprobación del plan de estudios de los títulos que se oferten por parte de la Comunidad de Madrid. El ICAM es el primer colegio profesional de España que da un paso en este sentido para impartir titulaciones oficiales como el Grado de Derecho y otros másteres vinculados a la profesión, aunque, como contó la SER, expertos en derecho cuestionan la legalidad de este nuevo centro.