El PSOE presenta un recurso contra el nuevo centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid

El PSOE mueve ficha contra el nuevo centro universitario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (CUICAM) autorizado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la celebración del juicio contra el ex Fiscal General del Estado, en el que el ICAM se personó como acusación popular. El PSOE de Madrid y el Grupo Socialista en el Congreso firman conjuntamente el recurso de reposición presentado ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso la SER, en el que los socialistas consideran que el Colegio de Abogados ha vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales en los nuevos estatutos aprobados en julio de este año.

Ambas normas, según recoge el recurso del PSOE, de rango superior a los estatutos de un colegio autonómico, no recogen la posibilidad de convertirse en centro universitario y de impartir titulaciones oficiales puesto que no es su función institucional la docencia, salvo que se trate de una función docente destinada a sus colegiados. La consecuencia directa de la nulidad de estos estatutos, sigue el recurso, es que la autorización concedida por la Comunidad de Madrid no resulta acorde con la normativa.

Además, en este mismo recurso, el PSOE acusa al gobierno madrileño de actuar con un conocimiento de la ilegalidad ya que varios informes internos de la propia Comunidad de Madrid alertaban de un incumplimiento normativo. Como contó la SER, la primera objeción fue de la propia agencia madrileña de calidad universitaria, la Fundación Madrimasd, que alertó a la Comunidad de que el ICAM no podía impartir grados universitarios porque la ley que regula a los colegios profesionales solo los habilita para la formación de posgrado, que es lo que el Colegio de Abogados ha venido haciendo hasta ahora. Así también, en un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se constataba que los propios estatutos del ICAM no estaban encaminados a convertirse en este tipo de centro universitario. El ICAM tomó nota de la recomendación jurídica de ese documento y en julio de este año, cuatro meses antes de conseguir la luz verde del gobierno regional, cambió esos estatutos y se habilitó a sí mismo para impartir grados universitarios, esquivando así la ley estatal.

El recurso exige a la Comunidad de Madrid que declare la nulidad de pleno derecho de la Orden por la que autorizó este nuevo centro universitario. Fuentes socialistas explican a la SER que este recurso es el paso previo para acabar llevando el asunto a los tribunales.