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Biomar y BioZenite, la mayor organización criminal del fraude del IVA en hidrocarburos, tenía un taller clandestino de armas de guerra y un blindado de combate 'BMR'

La UDEF da por cerrada la investigación contra las dos operadoras petrolíferas implicadas en un presunto fraude que asciende a cerca de 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024

La Policía Nacional da por cerrada la mayor operación contra el crimen organizado especializado en el fraude del IVA de los hidrocarburos, casi 300 millones de euros de IVA sin pagar.

Las dos operadoras petrolíferas en el corazón de esta trama son BIOMAR y BioZenite, según confirman a la SER fuentes policiales. Una investigación que dirige el magistrado titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, pesquisas centradas en los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y además, en el caso de uno de los cabecillas, también tenencia ilícita de armas.

Esta nueva trama vendía el carburante incluso a pérdida, por debajo del precio al que lo compraron. Su secreto estaba en el IVA, no lo pagaban, no abonaban el IVA repercutido, se quedaban ese dinero y eso les permitía conseguir unos márgenes inasumibles para el resto de la competencia. Gracias a esa mecánica ilegal - importada desde Italia- tenían la capacidad de ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Esta presunta organización criminal tenía además su propio depósito fiscal para almacenar el carburante - algo poco común en este tipo de compañías-, una estructura jerarquizada con dos cabecillas (los dos socios detenidos) en la cúspide, bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.

En otro escalón, sin formar parte de esta estructura, estaba un selecto equipo de testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de 2.000.000 de euros.

Armas de fuego y munición de guerra

La sorpresa de los agentes de la UDEF llegó al encontrar un taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra escondido en una vivienda de Ávila. Allí, la Policía encontró 44 armas, algunas modificadas y con el número de serie borrado, munición de guerra, incluso, tenían en su poder un BMR, un vehículo blindado de combate de los utilizados por el Ejército de Tierra - fabricado por Santa Bárbara- con un cañón ametrallador de gran calibre - 12,70 mm- instalado en el techo.

En los nueve registros se intervinieron también 60 vehículos de alta gama, 46 inmuebles valorado en más de 5 millones de euros, más de 130.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo, activos financieros que superan los 14 millones de euros y se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros y se han inmovilizado más de 3,6 millones de litros de carburante.

La operadora Biomar está intervenida judicialmente desde julio de 2024 por el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona por estar en concurso de acreedores.

Esta compañía se querelló contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Ese alto cargo del Gobierno fue quien ordenó la retirada de la licencia de operador de hidrocarburos a Biomar Oil y la imposición de una multa millonaria.

Aquella querella no prosperó porque la Fiscalía solicitó su archivo al no apreciar indicios de prevaricación administrativa. Biomar mantiene una deuda de 119 millones de euros con Hacienda, después que el Ministerio de Transición Ecológica hubiese sido inhabilitada como operador por el Ministerio de Transición Ecológica.

Según ha informado la Policía, las operadoras investigadas tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio – el cual suponía además otro impago de alrededor de 40.000.000 de euros - en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

Javier Bañuelos

Javier Bañuelos

Redactor Jefe en la Cadena SER responsable de la información sobre Interior y Defensa. Soy diplomado...

 

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