Navidad esquivando las redadas de migrantes

La ilusión de la navidad se mezcla con el miedo en el barrio de Jackson Heights, en Queens. El periodista de la SER Nicolás Lupo ha recorrido sus calles, una amalgama de sonidos, de idiomas, de tiendas y restaurantes de decenas de orígenes diferentes, con un ajetreo constante en los días previos a las fiestas. Pero también muchos migrantes que mantienen un perfil bajo, quieren ser discretos por miedo a ser detenidos y deportados.

En Queens, uno de cada tres residentes es de origen extranjero. Algunos cuentan cómo van a pasar las fiestas, trabajando, o con la familia que han fabricado entre sus amigos, porque a su familia de verdad la tienen lejos, en Perú o en Colombia. Se cuidan mucho de no hacer nada malo, que no les puedan “buscar una falta”, la excusa para expulsarlos de Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha deportado a algo más de 600.000 inmigrantes, y casi 2 millones más se han ido por voluntad propia en lo que la administración Trump llama auto deportaciones, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Estas políticas están cada vez más cerca de reproducirse en Europa, donde desde 2021 se ha ido creando el marco legal para permitirlo a través del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Paloma García, portavoz de Red Acoge, explica que ese pacto consolida un modelo de gestión migratoria que “se caracteriza por reforzar la seguridad de las fronteras, externalizar el control migratorio en terceros países y criminalizar a las personas que se ven forzadas a salir de sus países y buscar protección en los países europeos”.

Así, la directiva europea busca primero impedir que los migrantes lleguen a Europa, a través de la externalización de los controles migratorios en terceros países. “Se les está facilitando recursos destinados a equipamiento policial, a vigilancia de las fronteras, a transferencia de inteligencia, asistencia técnica policial, precisamente para que países como Senegal, Mauritania o Guinea Conakry, que son de tránsito, bloqueen a esas personas”, denuncia García. Y, segundo, busca expulsar lo antes posible a los que logran llegar a través de esta directiva de retorno forzoso.

En las primeras 72 horas desde que una persona migrante llega a la frontera europea, se hace un “triaje rápido”, según la portavoz de Red Acoge, en el que se determina si esa persona es solicitante de protección internacional. En ese caso, hay un listado de “países seguros” a los que se le puede trasladar, entre los que figuran Egipto, Marruecos o Túnez, con “graves deficiencias en materia de derechos humanos”, como subraya García. En caso de que no sean solicitantes de protección internacional, hay un retorno forzoso que incluye deportaciones a países diferentes a los de su nacionalidad, lo que está prohibido por el derecho internacional humanitario.

Esta directiva abre la puerta a que existan centros migratorios como los que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, empleó en Albania para deportar migrantes desde su país y que fueron bloqueados por la propia Justicia italiana. Por eso 18 entidades sociales y humanitarias se han unido para denunciar la amenaza de estas políticas de externalización de fronteras para los derechos humanos y el derecho de asilo.