Justicia pacta con las comunidades completar en plazo la Ley de Eficiencia con "cierta flexibilidad" para la organización interna
Tres partidos judiciales de Asturias se acogen a la prórroga y la transformación a tribunales de instancia entrará el 15 de febrero
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Madrid
La Conferencia Sectorial de Justicia ha acordado por unanimidad que la tercera fase de la ley de Eficiencia entre en vigor el 31 de diciembre, como está previsto, de modo que las oficinas judiciales de los grandes partidos que restan por transformar comiencen a funcionar desde esa fecha. Sólo tres partidos de Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés) se han acogido a la prórroga que permite la norma. Allí, la transformación arrancará el 15 de febrero.
Según informan el Ministerio de Justicia, la reunión de la Sectorial se ha producido en un "clima de cordialidad" lejos de la celebrada el pasado octubre, cuando los consejeros del PP decidieron levantarse de la mesa antes de que arrancase el debate por la falta de incorporación de una serie de puntos en el orden del día que venían reclamando.
Durante la sesión, se ha acordado mantener los plazos tal y como están previstos, si bien con "cierta flexibilidad" para la organización interna de los partidos judiciales "de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo" mientras no afecte a la prestación del servicio. "En todo caso, los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia", dice el comunicado de Justicia.
Desde que arrancó la implementación de la ley, el grupo de trabajo técnico entre Justicia y las comunidades ha celebrado 27 reuniones de seguimiento y coordinación. Además, el ministerio ha promovido 280 sesiones informativas sobre los tribunales de instancia, 305 cursos de formación en digitalización con más de 15.000 matriculados, y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes.
En cuanto a la financiación, Justicia subraya que la inversión supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia transferida.
