Consumo exige a siete multinacionales la retirada de 138 anuncios de viviendas en territorios palestinos ocupados
El Ministerio se basa en el Decreto-ley aprobado en septiembre contra el genocidio en Gaza, que considera ilícita este tipo de publicidad
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. / Javier Lizón (EFE)
Madrid
El Ministerio de Consumo ha exigido a siete plataformas de alojamiento vacacional que retiren los anuncios de decenas de viviendas en territorios palestinos ocupados por Israel.
Consumo se basa en el Decreto-ley contra el genocidio en Gaza, que el Gobierno aprobó en septiembre, y que considera ilícita la publicidad para comercializar bienes de territorios palestinos ocupados. Sería el caso de 138 anuncios de viviendas detectados en estas plataformas tras varias semanas de investigación.
El ministerio no revela el nombre de las empresas, como hace habitualmente al ser un procedimiento aún en tramite, pero sí asegura que ya ha enviado un requerimiento a todas ellas para exigirles que retiren o bloqueen los anuncios de esas viviendas en España. Si no lo hacen les advierte de que habrá actuaciones posteriores.
Las viviendas afectadas están en alguna de las 200 localidades o códigos postales que el BOE identificó ayer lunes como asentamientos territorio palestino ocupado. Entre ellas hay ciudades como Hebrón, Ariel o Silo.
"El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel", explica el departamento de Pablo Bustinduy en una nota en la que da cuenta de esta actuación.
"Además, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, titulada Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado tienen consecuencias jurídicas para el resto de los estados de la comunidad internacional. La Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado", añade.
Para el Ministerio de Consumo por tanto "estos alojamientos contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional. Además, en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law (JURDI) presentó una demanda en Francia contra un famoso servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada".
También recuerda que organizaciones que defienden los derechos humanos como Amnistía internacional han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino.