El Gobierno enfila el nuevo año en vilo por los casos de corrupción

El Gobierno cerró 2024 sin excesiva preocupación por los casos de presunta corrupción que estaban en los tribunales. El caso 'Koldo' echaba a andar y los otros dos asuntos que este 2025 van camino de juicio eran -y son- los que han fabricado acusaciones populares ultras. Desde el Gobierno denuncian que estos casos que afectan a la mujer y al hermano del Presidente del Gobierno cuentan con la connivencia de esa minoría de jueces que hace política.

Sin embargo, en este año la preocupación por la corrupción ha crecido exponencialmente. Se han judicializado cuatro nuevos casos en los que la Fiscalía ejerce la acusación y el 'caso Koldo' ha avanzado hasta el punto de llevar a prisión provisional a los dos últimos secretarios de organización del PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El primero, además, se sentará en el banquillo en las próximas semanas por las comisiones que se repartió la trama con la venta de mascarillas. Se enfrenta a 24 años de cárcel.

Con todo, lo que más preocupa es la investigación que el Supremo ha ordenado abrir en la Audiencia Nacional por los pagos en metálico desde la caja de Ferraz a cargos, dirigentes, simpatizantes y voluntarios. El juez del alto tribunal, Leopoldo Puente, deslizaba indicios de un delito de blanqueo. Esta rama de la investigación se ha declarado secreta, pero los socialistas han entregado todos los pagos contra factura entre 2017 y 2024 y han recibido la primera parte del informe pericial que encargó y que descarta financiación ilegal, pero que detecta, por primera vez, gastos, eso sí, "pocos", pero "notoriamente improcedentes" que se pasaron al partido en la etapa de José Luis Ábalos en la secretaría de organización.

A este caso se le han sumado los que afectan a la exmilitante socialista, Leire Díez. Díez está imputada en un juzgado de Madrid por vender favores a cambio de información para torpedear investigaciones judiciales y en la Audiencia Nacional, junto al expresidente de la SEPI, por presuntas irregularidades en la tramitación de cinco expedientes. Luego está el caso Plus Ultra. Aquí se investiga el presunto blanqueo de la ayuda de 53 millones que el Gobierno aprobó para la aerolínea por las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Entre los detenidos figura un empresario cercano al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.