España, junto a México, Colombia y otros países latinoamericanos, condena la intervención de Estados Unidos en Venezuela y pide una solución pacífica
Los países firmantes han denunciado que esta operación ha supuesto una violación del derecho internacional
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida (EE. UU.), el 3 de enero de 2026. / NICOLE COMBEAU / POOL (EFE)
Madrid
El Gobierno español ha emitido un comunicado conjunto con los Ejecutivos de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para condenar la intervención llevada a cabo por el Ejército de EEUU contra Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro.
"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas", señala el escrito.
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Una resolución por vías pacíficas
Por otro lado, los seis países han querido hacer hincapié en que "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano", por ello, aseguran no debe haber "injerencias externas".
Los países firmantes de la carta han reclamado que América Latina y el Caribe son una zona de paz y han querido hacer un llamamiento a la "unidad regional". Por ello, han reclamado "al Secretario General de las Naciones Unidas y los Estados Miembros" a que utilicen los mecanismos a su alcance para "contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional".
Por último, los seis gobiernos han mostrado su "preocupación", ante cualquier intento de "control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos", por parte de Estados Unidos, y que considerarían algo "incompatible con el derecho internacional y una amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región".
