El partido Real Madrid-Maccabi Tel Aviv de la Euroliga se disputará a puerta cerrada

El partido de la Euroliga que enfrenta este jueves, 8 de enero, al Real Madrid y al Maccabi Tel Aviv se disputará finalmente a puerta cerrada —como ocurrió en el duelo entre Valencia Basket y Hapoel— para garantizar la seguridad ante las protestas por los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Así se ha acordado este lunes en la reunión de seguridad celebrada en la Delegación del Gobierno, que ha estado presidida por el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. El partido que se disputa en el Movistar Arena ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

Al encuentro han asistido responsables de la Policía Nacional —Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Brigada Provincial de Información y Unidad de Intervención Policial (UIP)—, Policía Municipal de Madrid, Samur/Protección Civil, Bomberos y miembros de seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.

El encuentro, además de celebrarse sin público, contará con un dispositivo de seguridad reforzado que conformarán cerca de 400 efectivos de Policía Nacional a los que se sumarán agentes de la Policía Municipal que darán apoyo en tareas de regulación y cortes de tráfico, de seguridad del propio Club y del estadio. También trabajarán en el entorno del estadio bomberos y sanitarios de Samur-Protección Civil.

Más de 250 organizaciones sociales y de solidaridad con Palestina pidieron este lunes la suspensión del partido alegando que "la celebración de este encuentro deportivo contribuye a la normalización internacional del Estado de Israel, actualmente investigado por la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio contra el pueblo palestino". A su juicio, "la participación de equipos que representan a Israel en competiciones deportivas internacionales supone un uso del deporte como instrumento de blanqueamiento de una política sostenida de ocupación, apartheid y exterminio".

El encuentro llega además con el precedente de la etapa final de La Vuelta ciclista que se tuvo que suspender por las protestas en el centro de la capital que terminaron invadiendo el circuito y que tuvo que disolver la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional. A raíz de estos hechos se inició también una investigación judicial para determinar si el dispositivo policial fue el adecuado y la responsabilidad de la Delegación del Gobierno sobre el mismo y lo sucedido aquella tarde en la que hubo una veintena de policías heridos.