La defensa de Ábalos renuncia a representarle en el Supremo por discrepancias económicas

Madrid

El exministro José Luis Ábalos ha vuelto a quedarse sin defensa tras la renuncia que este mismo jueves ha formalizado Carlos Bautista, el letrado de Chabaneix Abogados -y exfiscal de la Audiencia Nacional- que cogió las riendas de su caso ante el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, cuando lo dejó el abogado anterior. La razón, de nuevo, discrepancias con el cliente.

Según las fuentes del entorno consultadas por la Cadena SER, el fondo del asunto está en un incumplimiento de las condiciones contractuales y en particular, del pago de honorarios, ante el plazo fijado, que vencía el 31 de diciembre en un despacho que tiene por política no hacer excepciones.

La decisión le ha sido comunicada este mismo miércoles en prisión al exministro, que ahora tendrá que designar nueva representación y que ya pasó por un proceso similar en octubre cuando fue el letrado que le había acompañado desde su imputación, José Aníbal Álvarez, quien presentó renuncia también por discrepancias que incluían una pérdida mutua de confianza pero también, problemas de impago.

El escrito presentado en el Supremo refiere el artículo 50 del Estatuto de la Abogacía, que es el que ampara al letrado a renunciar a la defensa en cualquier momento del proceso siempre y cuando no cause indefensión. Lleva aparejada además petición de que se suspendan los plazos de instrucción en la pieza de obra pública, que sigue en marcha, para no perjudicar a Ábalos.

Esto implica además, que si de cara a la vista para el recurso contra la prisión provisional que está señalada el próximo 15 de enero, Ábalos no hubiese designado nueva representación, sería Bautista quien defendiese sus argumentos ante la Sala de lo Penal que habrá de decidir si le mantiene en Soto del Real o fija libertad con cautelares.

También asumiría, en este caso, el previsible recurso de apelación contra la decisión del magistrado Leopoldo Puente de mantener el caso por el trámite actual, en lugar de enviarlo a un juicio con jurado popular, como había solicitado.

En todo caso, la renuncia se presenta en el Supremo junto al escrito de defensa de Ábalos de cara al juicio por el caso mascarillas, que se espera en primavera. Se trata de un informe técnico de 72 páginas donde su letrado subraya que exministro "ni formó parte de una organización criminal con Koldo García, ni era jefe oficioso del arrepentido Víctor de Aldama, ni realizó ni llevó a cabo un plan criminal encaminado a la facilitación de contratos públicos a cambio de una comisión".

"Tampoco nuestro representado recibió dádivas o recompensas del acusado Aldama", asegura el escrito. Incide en que "no existen ingresos ilegales" ni en las fechas que señala la acusación ni antes o después porque "todos los ingresos que ha tenido" eran remuneraciones oficiales como cargo público, "ingresos en efectivo provenientes de dietas o anticipos" y fruto de su "relación personal con D. Koldo García", con préstamos luego compensados dentro del circuito financiero legal.

Ni el piso de Jessica Rodríguez ni el de Aldama

Rebate el resto de los cargos, como el trato de favor a Air Europa que se le atribuye por una nota de prensa que lanzó su ministerio y que, alega, "supone desconocer el funcionamiento de las ayudas a sectores estratégicos", igual que se desmarca de la licencia de operador de hidrocarburos a Villafuel, de un socio de Aldama, porque no era ya ministro cuando se le concedió.

Para la defensa, es además "inverosímil" considerar una dádiva el piso que un socio de Aldama pagaba a la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez; igual que descarta que el contrato de alquiler con opción a compra suscrito con el comisionista para un piso en el madrileño Paseo de la Castellana fuese un cohecho. "Más bien se trató de un fraude, un engaño del acusado Aldama hacia nuestro representado. Es dicho acusado quien reside en dicho inmueble y no nuestro representado", añade.

Pide como testigo a Grande-Marlaska

Dedica además un amplio apartado a rebatir las acusaciones de Aldama por "falta de credibilidad". Refiere que ha incurrido en "exageraciones" tratando de "atribuirse un carácter oficial e influencia sobre Ábalos". Solicita de hecho que sea interrogado en el juicio, en una lista llena de testigos, entre los que destaca el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación al proceso de compra de mascarillas bajo su cartera.

También solicita que declaren en la misma condición la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol; y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a fin de desmontar la acusación que le sitúa influyendo en que los gobiernos de Baleares y Canarias, bajo sus respectivas presidencias, comprasen mascarillas a la misma empresa que está en el foco de la trama.

La defensa de Ábalos propone además las testificales de Pedro Saura, del exjefe de Gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Birdart y de su homólogo en Hacienda, Carlos Moreno, junto a una batería de funcionarios, incluyendo los que realizaron la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente sobre la compra de mascarillas cuando llegó a Transportes.

Esto, tras plantear una serie de posibles nulidades en el procedimiento por indefensión, al no haberse aceptado durante la instrucción ninguna de las diligencias de prueba que había solicitado la defensa de Ábalos o no haberle dado acceso íntegro a los dispositivos incautados para rebatir su contenido.

"El cierre de la instrucción sin previamente tener acceso a los dispositivos forenses cercena de forma brutal el derecho de defensa y el derecho utilizar los medios de prueba necesarios para esta, al ocultar a esta parte una herramienta imprescindible para poder preparar elementos básicos de su tesis absolutoria", dice en este sentido, para añadir que "el devenir y la práctica de la instrucción hace que podamos calificarla de materialmente secreta", añade.