Aldama reconoce los delitos en el 'caso Mascarillas' y pide rebajas de pena para intentar eludir la prisión

Madrid

El abogado del comisionista Víctor de Aldama ha presentado el escrito de defensa de cara al juicio en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas, que se espera en primavera.

Reconoce con algunos matices el relato acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, así como los delitos que le atribuye de organización criminal, cohecho continuado y aprovechamiento de información privilegiada, pero reclama un atenuante muy cualificado de colaboración con la Justicia que rebaje los siete años de cárcel que le piden hasta límites que le permitirían eludir el ingreso en prisión.

En concreto, Anticorrupción solicita para él cuatro años de cárcel por organización criminal, tres años por el cohecho y una multa por el aprovechamiento de la información, tras aplicar una atenuante simple de colaboración con la Justicia.

Lo que pide la defensa es que esas penas se rebajen dos grados aplicando un atenuante muy cualificado, lo que podría dejar los dos delitos por debajo del umbral de dos años por cada uno y así, solicitar la suspensión de la eventual condena.

El escrito, al que tuvo acceso la Cadena SER, cierra filas con el fiscal en lo tocante al presunto concierto con el exminitro José Luis Ábalos y quien era su asesor, Koldo García, de manera que hace suyos fragmentos del relato de la acusación pública como el que refiere que convinieron que aprovechando la posición del entonces ministro, este podría favorecer "la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad".

Más de 6,6 millones facturados

También reconoce haber facturado más de 6,6 millones de euros en comisión por las mascarillas que compraron los organismos del Ministerio de Transportes y añade que "aproximadamente el 50% se pagarían, en la distribución expuesta, al Sr. Ábalos y al Sr. Koldo García, conforme a las cantidades que le fueron solicitadas por ambos": dos millones y medio millón de euros, respectivamente.

Sin embargo, introduce matices especialmente en la relación con Claudio Rivas y la empresa de hidrocarburos que controlaba en la sombra, Villafuel.

Aldama, que está investigado precisamente junto a Rivas en una macrocausa de fraude en la Audiencia Nacional, sostiene que "nunca se integró en la estructura" de la mercantil "ni compartía interés alguno en esta empresa, más allá de las gestiones que le fueron encomendadas frente a los Sres. Ábalos y Koldo García".

Según concluyó el juez instructor, entre esas gestiones estuvo conseguirles una reunión en el Ministerio de Industria, que resultó ser una decisión errónea porque el competente para la licencia de operador de hidrocarburos que andaban intentando conseguir era Transición Ecológica.

La defensa argumenta que la prueba de que ni siquiera sabía qué empresa iba a realizar la compra de un chalet en Cádiz para el disfrute de Ábalos como supuesta contraprestación por aquella licencia es que constan los mensajes en los que pedía justo esa información de cara a organizar esa reunión.

"Apartado de la gestión"

Marca así distancias con la trama de hidrocarburos como al subrayar que cuando esa licencia fue denegada a Villafuel, Aldama "fue apartado de la gestión", que quedó en manos de los asesores de la empresa hasta que consiguieron el permiso un año después, con Ábalos ya fuera del ministerio y del chalet de Cádiz y el comisionista, al margen de la ecuación.

Sobre su relación posterior, que es la que está en el foco del caso hidrocarburos, introduce también un apunte su defensa: "En el sector de los hidrocarburos suscribió contratos de prestación de servicios con determinadas empresas comercializadoras del sector que mantenían una pluralidad de proveedores, sector que conocía, y que también establecieron relaciones comerciales con Villafuel una vez obtenido el título de Operador".

El escrito propone prueba de cara al juicio oral, aún sin fecha. En la lista de testigos que solicita declaren en la vista figuran la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el exjefe de Gabinete en Industria, Ignacio Díaz Bidart; y su homólogo en Transición Ecológica, y su homólogo entonces en Hacienda, Carlos Moreno, así como el hijo de Ábalos y el entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo.