El Gobierno aprueba la reforma del derecho al honor para combatir los 'deepfakes' y las difamaciones
La norma sustituye a la de 1982 para adaptarla al siglo XXI e incorpora medidas frente a la inteligencia artificial, refuerza la protección de las víctimas y de los menores y fija criterios para las indemnizaciones
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La norma sustituirá a la vigente desde 1982 para adaptarla a la realidad del siglo XXI y ampliar la protección de estos derechos.
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"Da respuesta a una concepción social de la enorme vulnerabilidad que tenemos ante bulos que se difunden de una manera muy rápida", ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El texto, previsto en el llamado Plan de Acción por la Democracia, introduce cambios sustanciales en un contexto marcado por el entorno digital y el uso de tecnologías emergentes. Entre las novedades, se considera ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona cuando hayan sido creadas, simuladas o manipuladas mediante inteligencia artificial. Además, compartir imágenes en una red social no implicará que terceros puedan difundirlas en otros canales.
Protección de las víctimas y de los menores
La ley refuerza la protección de las víctimas y de los menores. La revelación de detalles de un delito por parte de su autor que pueda causar un nuevo daño a la víctima se considerará una intromisión ilegítima, lo que afecta a fenómenos como el true crime. Los menores de 16 años no podrán dar consentimiento para el uso de su imagen, y en el caso de mayores de 16, aunque lo otorguen, se considerará ilícito si se menoscaba su dignidad o reputación.
Otra novedad es la posibilidad de prohibir mediante testamento la utilización futura de la imagen o la voz con fines comerciales tras el fallecimiento. Con ello, se busca garantizar la protección de la identidad incluso después de la muerte.
El anteproyecto también establece criterios claros para calcular las indemnizaciones por daños morales, en línea con la jurisprudencia. Los jueces deberán valorar factores como la repercusión social, la reincidencia o la gravedad de las expresiones empleadas. Las compensaciones no podrán ser simbólicas y, si lo solicita el perjudicado, las condenas firmes se publicarán en el BOE.
La norma mantiene las excepciones ya previstas en la ley de 1982, como las grabaciones autorizadas por la autoridad competente o la difusión de comunicaciones privadas cuando exista interés general.
En el caso del uso de IA, si la persona afectada tiene proyección pública, se protegerá la libertad de expresión siempre que se trate de un contexto creativo, satírico o de ficción y se advierta del uso de esta tecnología.
Con esta reforma, el Gobierno pretende blindar derechos fundamentales frente a los retos del entorno digital y las nuevas formas de vulneración de la intimidad, reforzando la protección de los ciudadanos y adaptando la legislación a los desafíos del siglo XXI.
Bolaños también ha expuesto la reforma del derecho a la rectificación para adaptarla al nuevo ecosistema digital y combatir los bulos y las fake news tanto en medios de comunicación y plataformas en línea como en las redes sociales.
