Primer recurso judicial contra la nueva universidad del Colegio de la Abogacía de Madrid
Los denunciantes, dos diputados del PSOE de Madrid, colegiados del ICAM, aseguran que perjudica los propios intereses del Colegio de Abogados madrileño
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón (i), llega al Tribunal Supremo (TS), e el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales de su cliente. / FERNANDO VILLAR (EFE)
Madrid
El PSOE se ha adelantado a la Universidad Carlos III de Madrid que fue la primera en anunciar un recurso judicial contra la orden del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para autorizar la creación de ICAM Universidad, el centro universitario impulsado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid adscrito a la Universidad Complutense.
Una autorización que, como avanzó la SER, se produjo en las mismas fechas en las que se celebraba el juicio contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que el ICAM se presentó como acusación popular para defender los intereses de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
Después de presentar un primer recurso de alzada ante la propia Comunidad de Madrid, ahora los socialistas mueven fichan ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad con un recurso por la vía de lo contencioso-administrativo que firman dos diputados de la Asamblea, que también son miembros del ICAM.
En ese recurso, al que ha tenido acceso la SER, los denunciantes alegan que la orden de la Comunidad de Madrid para autorizar este nuevo centro universitario privado, el primero que se concede en España a un colegio profesional, es contrario a derecho y vulnera los intereses del propio ICAM.
Las fuentes consultadas por esta emisora señalan que esta nueva universidad va contra la idiosincrasia del Colegio de la Abogacía de Madrid, el más grande de Europa, al entender que un colegio profesional está hecho para proteger los intereses profesionales y no "para meterse en negocios".
Dudas legales
Como les ha venido contando la SER, los expertos en derecho consultados cuestionan la legalidad de este nuevo centro que podrá impartir el grado de Derecho y tres másteres vinculados a la profesión con precios que pueden cuadruplicar las tasas de estos estudios en la propia Complutense.
Desde que el ICAM solicitó a la Complutense la adscripción, en 2023, varios informes de la propia Comunidad de Madrid han puesto reparos a esta operación. Entre ellos, un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que constataba que los propios estatutos del ICAM no estaban encaminados a convertirse en este tipo de centro universitario.
El ICAM tomó nota de las recomendación jurídicas de ese documento y en julio del año pasado, cuatro meses antes de conseguir la luz verde del gobierno regional, cambió esos estatutos y se habilitó a sí mismo para impartir grados universitarios, esquivando así la ley estatal. Una modificación que según expertos en derecho contradice el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales.
