El juez apunta a que la trama del PP de Almería puso en marcha una "dinámica fraudulenta de contratos públicos" en la Diputación
El juzgado de instrucción número 1 de Almería amplía su listado de investigados tras descubrir que el presunto amaño del contrato de material sanitario "no fue un hecho aislado", sino un "presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos" a través de varias empresas con una actividad "ficticia y simulada"
Javier Aureliano García renueva como presidente de la Diputación con mayoría absoluta de diputados del PP en el Palacio Provincial.
Madrid
El supuesto pelotazo de las mascarillas del PP de Almería era solo la punta del iceberg. Las pesquisas realizadas por la UCO confirman que había mucho más. No solo en tiempos de pandemia. Los presuntos amaños de contratos venían de atrás.
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"La adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos" que tiene "como eje central la Diputación Provincial de Almería con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces presidente Javier Aureliano García Molina", apunta el juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Almería en el auto fechado el pasado 2 de enero al que ha tenido acceso la Cadena SER.
La investigación constata la aparente existencia de "una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación Provincial de Almería" que, según el auto, "habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública".
El juez del caso define esa presunta organización criminal en un doble plano, por un lado, "una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente".
Y el segundo, "constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran, todo ello bajo la dirección de los responsables públicos".
Contratos a cambio de mordidas
El juzgado que investiga esta trama ha ampliado su listado de investigados con seis nuevos empresarios, todos al frente de las siete sociedades que la trama colocó, supuestamente, para llevarse durante varios años una treintena de contratos públicos en Almería a cambio de mordidas.
La UCO ha señalado a siete empresas, en concreto, OYC SERVICIOS URBANOS SL (OYC); ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA; TALLERES Y GRÚAS GONZÁLEZ SL; CONSTRUCCIONES NILA SL; MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL; GARCÍA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL y PULCONAL SL. Esta última compañía fue adjudicataria de varios contratos públicos licitados por el Área de Fomento de la Diputación de Almería. A cambio, otro de los nuevos investigado, Francisco Jesús Liria Sánchez "tenía pleno conocimiento y percibía un 5% del beneficio".
El último paso dado por el juzgado de instrucción número 1 de Almería, precisamente, ha sido autorizar a la UCO para proceda al acceso, volcado y visionado de los teléfonos móviles incautados a los dueños de las empresas antes mencionadas, que figuran como investigados no detenidos. Se trata de Marta S., José Francisco G, Emilio R., Francisco M., Juan Antonio M. y el propio Francisco Jesús Liria Sánchez.
El juez ha autorizado a la UCO a clonar sus teléfonos al entender que pueden contener información clave que apuntale las "sospechas fundadas" de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos que pesan sobre los principales investigados.
El juzgado de instrucción número 1 de Almería avanza así en su investigación sobre la antigua cúpula del PP en Almería implicada en una supuesta organización criminal, liderada presuntamente por el presidente de la Diputación Provincial de esa provincia Javier Aureliano García.
Cinco entregas de sobres con dinero
Durante su investigación, la UCO detectó hasta cinco entregas de dinero a Óscar Liria que actuó "como intermediario haciendo llegar los mismos a cargos públicos de la Diputación Provincial de Almería". Las entregas de esas supuestas mordidas se realizaron entre mayo de 2020 y enero de 2021.
La Guardia Civil registró la casa del exvicepresidente de la diputación de Almería, Oscar Liria, donde encontraron 26.000 euros en efectivo repartido en varios sobres.
El juez del caso define ese hallazgo como "inusual", tan extraño como inverosímil hasta el punto de no dar credibilidad al propio Liria, al entender que sus explicaciones en sus diferentes declaraciones judiciales no fueron convincentes, "ya que son vagas, imprecisas y carentes de apoyo documental".
La UCO detuvo al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez tras ser cazado sacando 119.950 euros en efectivo escondidos en una funda de almohada, que después introdujeron en el maletero de un Mercedes en una bolsa de plástico transparente con una caja de cartón con el dinero.
La Guardia Civil interceptó el coche y detuvo al hijo del alcalde, Rodrigo Sánchez López - primo de Oscar Liria. Según los investigadores, el alcalde fue sorprendido sacando el dinero de casa de los padres de Liria, al saber que la Guardia Civil estaba registrando la casa de su sobrino, Oscar Liria.
Jerga relacionada con los dentistas
La UCO detectó que los principales investigados – Javier Aureliano García, Oscar Liria y Fernando Giménez- hablaban en clave en el chat de WhatsApp que tenían los tres bajo el nombre de Naranjito. La jerga que utilizaban estaba relacionada con los dentistas con frases como por ejemplo:
- "Te vas a poder cambiar la piñata entera"
- "Tengo las muelas picadas por tu culpa … he pedido cita al dentista para ir"
- "Me debes dinero tu...necesito empastarme dos o tres muelas...sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer"
- "Me sangran las encías porque tengo sarro y no puedo comer"
Los investigadores concluyen que usaban esa terminología sobre ortodoncia "de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable", cuando "realmente se está hablando de licitaciones públicas y adjudicaciones de diferentes contratos públicos".
El mensaje clave fue el que escribió Javier Aureliano García en aquel chat. Se limitó a poner un emoticono de una muela. A simple vista no dice mucho. Pero aquel icono lo envió a las 20:53 del 8 de abril de 2020, es decir, tan solo tres minutos más tarde de la fecha de firma del Decreto del contrato público de adjudicación del material sanitario a la empresa de Kilian López -Azor Corporate.
De ahí que el juez del caso refleje en su auto que "constituye un indicio muy claro y muy sólido de la posible participación de Fernando y Javier Aureliano en el cobro o facilitación de cobro de comisiones".
"Estoy nerviosísimo"
El juez del caso también destaca en su auto el interés "desmedido, la inquietud y el nerviosismo" de Javier Aureliano García, amigo del empresario beneficiado Kilian López. En el chat llegó a escribir: "¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo". Mensajes a los que el popular Óscar Liria contestó: "Esto es salvar nuestra vida".
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Almería admite que se trata de indicios "de menor fuerza probatoria" pero que tienen "un importante valor al ser puestos en conexión con las pruebas restantes".
En su escrito el juez recuerda que los 2.036.186,24 euros que la Diputación Provincial de Almería pagó a la empresa Azor Corporate Ibérica, S.L. con unos sobrecostes de 945.327 (42,27% del contrato) para la compra de mascarillas, monos de protección y guantes de nitrilo se produjo de forma ilícita, "sin publicidad, ausencia de especialización en el ámbito sanitario de la empresa seleccionada, desproporción entre valores contables de la sociedad y el precio del contrato público" y, sin olvidar, "el vínculo familiar entre el vicepresidente 3º de la Diputación Oscar Liria y el representante de la sociedad Azor don Kilian López".
El juez del caso señala directamente al expresidente de la Diputación Provincial de Almería Javier Aureliano García porque el "ostentar la Presidencia de la Diputación Provincial de Almería en el momento de la firma de tal contrato público, implicaba un conocimiento y participación en el posible entramado delictivo para el cobro -o su facilitación- de comisiones".
La misma sospecha que pende sobre Fernando Giménez, "pues era la persona de la que nacía la propuesta de adjudicación del contrato público de material sanitario".
