“Las pruebas no se perdieron, las robaron”: el periodista que ha reconstruido el caso de la violación nunca juzgada en Pamplona
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reprocha al Estado la destrucción sistemática de pruebas y una cadena de negligencias policiales y judiciales en un caso ocurrido en 2016

Condena a España por no investigar una agresión sexual doble por sumisión química
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Madrid
En diciembre de 2016, cuando la sociedad española seguía conmocionada por la violación múltiple de La Manada, otra presunta agresión sexual múltiple ocurría en la misma ciudad, en Pamplona. Dos mujeres de 19 y 30 años denunciaron haber sido drogadas y agredidas sexualmente tras conocer a dos hombres en un bar. Despertaron horas después en un piso desconocido, sin recordar nada de lo sucedido. Su denuncia nunca llegó a juzgarse.
Casi una década después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no haber investigado de forma efectiva el caso y por la desaparición de pruebas clave que estaban bajo custodia policial. Ni los hechos denunciados ni las irregularidades de la investigación han sido juzgados en los tribunales españoles.
Una noche sin recuerdos
Según reconstruye en La Ventana el periodista de El País Braulio García Jaén, que ha investigado el caso durante meses tras conocerse la sentencia de Estrasburgo, los hechos comienzan la madrugada del 7 de diciembre de 2016. Las dos amigas salen a tomar algo y entran en un bar de copas sobre las dos de la mañana. A partir de ese momento, no recuerdan nada más.
Doce horas después despiertan en un piso que no conocen, junto a dos hombres a los que tampoco recuerdan. Días más tarde, una de ellas acude al médico y se elabora un parte por posible agresión sexual, lo que activa una investigación policial en Pamplona.
Braulio explica que la investigación inicial fue "ejemplar" y permitió identificar y detener a los dos hombres que habían estado con ellas esa noche. Sin embargo, todo cambia cuando la causa pasa a manos de una jueza de instrucción. A partir de ese momento, el proceso "descarrila".
Empiezan a desaparecer pruebas fundamentales. Primero, las imágenes de las cámaras de seguridad del último bar en el que estuvieron las víctimas, donde se apreciaba cómo un tercer hombre entregaba algo a los presuntos agresores. Cuando la defensa reclama esas imágenes, ya no existen. También desaparecen informes y, de manera especialmente grave, la carpeta policial de uno de los investigados.
Ese investigado era cuñado de un policía nacional que trabajaba en la unidad encargada del caso, un dato que el Tribunal de Estrasburgo considera clave. El TEDH reprocha a España que ese agente no se abstuviera de participar en la investigación.
La condena de Estrasburgo
La sentencia del Tribunal Europeo no solo analiza lo que debería haberse hecho, sino que detalla todo lo que se hizo mal. Constata una destrucción sistemática de pruebas y una cadena de negligencias que alcanza a la policía, la fiscalía y el juzgado de instrucción.
La posibilidad de reabrir el caso penal es hoy mínima. "Las pruebas han sido destrozadas", resume Braulio. Una de las víctimas considera que sería injusto acudir ahora a un juicio en el que no podrían defenderse porque las pruebas "se las han robado".
Como única reparación, el Estado español debe indemnizar a las víctimas con 20.000 euros, una cantidad que debe abonarse de forma inmediata. Algunos expertos en Derecho Penal apuntan a posibles procesos de inhabilitación para el agente implicado, aunque advierten de que serían largos y complejos.
Víctimas abandonadas
Braulio García Jaén ha hablado con una de las víctimas, con la que mantiene contacto. La otra abandonó Pamplona hace años. Los presuntos agresores continúan viviendo en la ciudad, al igual que una de las mujeres. Uno de ellos no ha respondido a las preguntas del periodista; el otro se limitó a contestar por WhatsApp que no tenía por qué dar su versión.
El abogado José Luis Beaumont ha sostenido durante nueve años una batalla judicial que llegó hasta el Tribunal Constitucional, que tampoco admitió el recurso de amparo. Según el periodista, es un ejemplo extremo de resistencia frente a un sistema que falló de forma reiterada.
A la sombra de La Manada
El caso apenas ha tenido repercusión mediática en estos años, salvo por el seguimiento del Diario de Navarra. Una de las víctimas, Marina, lo resume con crudeza: "Nuestro caso quedó a la sombra del de La Manada y no es justo, porque no somos víctimas de segunda".
Para Braulio García Jaén, este silencio también dice mucho del ecosistema informativo actual. "Vivimos inundados de información y no siempre somos capaces de distinguir la basura de un diamante", concluye, subrayando que este caso debería estudiarse en las Facultades de Derecho como ejemplo de todo lo que no se debe hacer ante una denuncia por violación.




