Consumo investiga anuncios de viviendas con alquileres por encima de la ley: "Habrá sanciones que irán de 4 a 6 veces el beneficio ilícito obtenido"
Podrían ser considerados "prácticas desleales por engañosas"
Madrid
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado.
Los anuncios perseguidos en grandes portales inmobiliarios serán los que ofrezcan pisos en alquiler a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o los que no incluyan cuál era el precio del último contrato de arrendamiento que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.
Estos anuncios, según ha apuntado el Ministerio, podrían ser considerados infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosas" y, por tanto, acarrear distintas sanciones en función de la gravedad: "Sanciones de 4 a 6 veces el beneficio ilícito obtenido", ha detallado el ministro Pablo Bustinduy, que ha destacado la "importancia esencial en la determinación de las dinámicas de vivienda" de este tipo de anuncios, por mucho que luego algunos de los contratos se firmen por debajo del precio publicitado.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios de internet de viviendas situadas en zonas tensionadas información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.
Entre ellos se encuentra el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
Por ello, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente por carta a los diferentes portales y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en esta ley y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
Bustinduy defiende la prórroga de los contratos: "Propicia un escenario en el que no pierde nadie"
El inicio de esta investigación se produce tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas y en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda en el que han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, que posee las competencias de consumo.
El ministro ha vuelto a recordar que las limitaciones de precio en zonas tensionadas está funcionado en aquellas localidades donde se está aplicando y ha criticado la propuesta del PSOE de bonificar fiscalmente a los propietarios que no suban el alquiler: "Es algo que no compartimos, que es injusto y que no va a funcionar nunca. La solución existe y se llama prórroga de los contratos".
El PSOE descarta esa opción argumentando que es "anticonstitucional" si se hace sin estado de alarma, como en pandemia, pero Bustinduy asegura que "la realidad es inapelable" y que esa prórroga de los contratos se ha llevado a cabo hasta en ocho ocasiones: "En cinco ocasiones se ha dado fuera del estado de alarma y en la fundamentación jurídica para llevarlas a cabo se hacía referencia de manera explícita a la elevación de los precios de vivienda", destaca, recordando que desde la última prórroga, en septiembre de 2022, "los precios han aumentado un 30%".
"La intervención pública para atajar esta formidable crisis debe ser para proteger a los inquilinos y eso se llama prorroga de los contratos que es una solución que es plenamente constitucional y que además propicia un escenario en el que no pierde nadie", ha insistido.
