El Gobierno abre un frente judicial contra Ayuso por la universidad del Colegio de Abogados de Madrid que defendió a su pareja

Madrid

El nuevo capítulo de la lista interminable de desencuentros entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. se acaba de abrir. Según ha sabido la SER, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Abogacía del Estado, ha interpuesto esta semana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la vía de lo contencioso-administrativo contra la puesta en marcha del que es ya el primer centro universitario de España impulsado por un colegio profesional, en este caso por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

ICAM-Universidad recibió la luz verde del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a mediados de noviembre, en plena celebración del juicio contra el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras su promotor defendía los intereses de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

Es el segundo recurso que se presenta este mes de enero contra esta decisión, tras el registrado también ante el TSJM por el PSOE de Madrid, como avanzó la SER.

Fuentes del Ministerio que dirige Diana Morant explican que la decisión del gobierno de Ayuso sienta un precedente "muy grave" al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios a precios privados. ICAM-Universidad, que nace como centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, tiene la intención de impartir el Grado de Derecho y varios másteres oficiales, entre ellos el que habilita a los titulados para el ejercicio de la abogacía.

Titulaciones que ya se imparten en la propia Complutense. "Se abre de esta forma otra vía para desmantelar la universidad pública", afirman estas fuentes, ya que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

La Ley de Colegios Profesionales habilita a estos grupos a impartir enseñanzas a los colegiados pero no especifica si entre sus funciones se encuentra la de convertirse en centros docentes para formar a todo tipo de estudiantes. De hecho, este fue uno de los reparos que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid expresó en el informe que acompaña al expediente de creación de este centro.

El ICAM decidió entonces cambiar sus propios estatutos y habilitarse a sí mismo para impartir grados y postgrados más allá de la formación a sus colegiados.

"El propio nombre del centro adscrito ya indica algo que no había sucedido nunca en nuestro sistema universitario, como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales en nuestro país", explican las fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades consultadas por la SER.

"La docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar", agregan. No en vano, recuerdan, el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la Facultad de Derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense.

El ICAM acaba de formar un consejo asesor para su universidad y al frente ha nombrado a María Emilia Casas, que fue presidenta del Constitucional a propuesta del PSOE. El nuevo órgano consultivo estará integrado también por la catedrática y exconsejera del Banco de España Carmen Alonso; el abogado Ignacio Ayala, socio director del despacho Oliva-Ayala Abogados; el jurista Antonio Pau, académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y consejero nato del Consejo de Estado; y la abogada Rosa Zarza, socia senior del despacho Garrigues.