La inseguridad y el miedo por la policía migratoria de Trump se instalan en las calles de Estados Unidos

Madrid

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene bajo su custodia a 68.990 personas, según los últimos datos oficiales, publicados esta semana y recopilados hasta el 7 de enero. Es la cifra más alta desde que se tienen registros. Y casi la mitad de ellas (el 49%) son personas sin antecedentes penales, que habrían cometido una infracción migratoria. El resto habían sido condenados o están acusados y pendientes de sentencia.

El endurecimiento de la política antiinmigración impulsada por Donald Trump ha disparado las cifras de detenciones del ICE, muchas de ellas polémicas por la violencia excesiva de sus agentes, documentada con sus teléfonos móviles por activistas y por los propios afectados. Uno de los últimos vídeos, y que más indignación han generado, es el de la muerte de Renee Good por un disparo de un agente del ICE en Minneapolis. Pero hay más, muchos más.

En la misma ciudad, en el estado de Minnesota, cuatro días después del asesinato de Renee Good, el pasado 11 de enero por la mañana, un grupo de agentes de la policía migratoria acudió a la vivienda de una familia de origen liberiano. Entre los gritos de vecinos y activistas, los policías tiraron la puerta con un ariete. Dentro, una mujer grababa y retransmitía la escena en directo por Facebook. "¡¿Dónde está la orden judicial!?", les gritó varias veces a los agentes, que entraron en la casa con las armas en alto. Les pidió que las bajaran apelando a que en la planta de arriba estaban sus hijos, a los que pidió que se quedaran en sus habitaciones y cerraran la puerta.

Al final, los agentes del ICE se llevaron arrestado a su marido: Garrison Gibson, de 38 años, sobre el que pesaba una orden de deportación, según confirmó la cadena local FOX 9 Minneapolis-St. Paul. Tras el asalto a la casa, en la calle, la mujer mostró a la cámara el papel que le habían entregado los policías: un documento firmado únicamente por un funcionario de inmigración, sin la firma de un juez que autorizara la intervención. El abogado del detenido asegura que el ICE violó la Cuarta Enmienda de la constitución estadounidense, que exige una orden judicial para practicar un registro. "Eso está en nuestra Carta de Derechos. Ver un ariete llegar a la puerta de tu casa con un niño de nueve años dentro es simplemente aterrador", dijo a la televisión.

El pasado 6 de noviembre, un equipo del ICE detuvo un coche en el que viajaban un matrimonio con su hija, de un año, en una calle de Fitchburg (Massachusetts). Mientras un cordón policial evitaba que un grupo de manifestantes se acercara al coche, varios agentes se lanzaron dentro del vehículo para detener a uno de los adultos. Algunos testigos les advirtieron a gritos de que en el coche había un bebé. Durante el forcejeo con los policías, el conductor del coche sufrió un episodio de convulsiones, mientras abrazaba a su hija. Tras sacarlo del coche y esposarlo durante un tiempo, los agentes se llevaron detenida a la mujer: Juliana Milena Ojeda-Montoya, de 24 años y origen ecuatoriano, a la que acusaban de haber atacado a una compañera de trabajo con unas tijeras. Cinco días después, una juez federal ordenó su puesta en libertad argumentando que la detención violó los derechos constitucionales de la mujer.

Unos meses antes, el 16 de abril, varios agentes rodearon el coche en el que viajaban un hombre y una mujer originarios de Guatemala en New Bedford, también en Massachusetts. Los policías les pidieron que salieran del vehículo mientras ella lo grababa todo con su móvil desde el interior. La pareja le dijo a uno de los agentes que hablaba español que habían llamado a su abogada y que hablarían cuando llegara. Los agentes no la esperaron y reventaron la ventanilla del coche con un pico para arrestar al hombre: Juan Francisco Méndez, de 29 años, solicitante de asilo y padre de un niño de nueve años. "Llevo más de 30 años trabajando en casos de inmigración y es la primera vez que veo medidas tan drásticas y violentas", dijo su abogada a los medios. Méndez pasó un mes en prisión y fue puesto en libertad bajo una fianza de 1.500 dólares.

Son solo tres casos de abuso de la policía migratoria estadounidense. Organizaciones de derechos civiles, como el National Immigration Law Center, recuerdan que quienes sean objeto de una actuación del ICE tienen derecho a denegar la entrada en su casa sin una orden judicial y a no responder a ninguna pregunta, y recomiendan grabar lo que esté sucediendo o pedir a alguien que lo haga. En muchos casos, estos vídeos son fundamentales para conseguir la liberación de los detenidos y defender sus causas en los tribunales.