La defensa de Julio Iglesias pide el archivo de la causa por falta de competencia de la justicia española
El letrado del cantante reclama personarse en las diligencias que estudia abrir la Fiscalía por supuesta agresión sexual y el archivo del procedimiento
Julio Iglesias en una imagen de archivo / Europa Press Archivo
Madrid
La defensa del cantante Julio Iglesias ha presentado un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, mediante el que reclama, tal y como avanzó la SER, la personación en las diligencias preprocesales que estudia abrir el Ministerio Público por supuesta agresión sexual a dos extrabajadoras de su domicilio en República Dominicana.
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En su escrito, el abogado José Antonio Choclán reclama además el archivo de la causa al entender que los tribunales españoles no son competentes porque, según dice, las víctimas han escogido la jurisdicción "que más les conviene", cuando debieron presentar la denuncia en el lugar de la comisión de los hechos y, solo si aquel país descartase la apertura de un procedimiento, podría investigarse en la Audiencia Nacional, asevera el letrado.
Choclán añade que tampoco se dan los condicionantes para perseguir en España un delito contra la libertad e indemnidad sexual en el extranjero porque el supuesto agresor no tiene residencia habitual en España ni las víctimas eran menores de edad o tienen nacionalidad española.
Daño reputacional
El abogado sostiene que "presentar una denuncia contra un ciudadano español por un supuesto delito contra la libertad sexual, cometido fuera del territorio nacional, con una víctima mayor de edad, de nacionalidad extranjera, que no reside en España, daría lugar a reconocer a la víctima, fuera de los supuestos establecidos por el legislador español, el derecho a determinar el alcance de la soberanía nacional, a buscar el fuero que le sea más conveniente, sobre todo cuando este fuero es el que mayor perjuicio produce" al denunciado, por el "más intenso" daño reputacional que provoca en España la causa.
La defensa de Iglesias sostiene que admitir la competencia de España para perseguir estos hechos supondría suprimir la primacía del principio de territorialidad, con desprecio a la legalidad internacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia en estos momentos si acepta la personación del letrado en las diligencias abiertas.