Pijoaparte sigue esperando

Madrid

El crecimiento explosivo de la ultraderecha en todo el mundo -será el propio Trump el que la llevará a una “contradicción patriótica” insuperable- y el seguidismo acomplejado de la derecha tradicional -quién diría que echaríamos de menos aquella democracia cristiana con vocación social- está llevando a la izquierda al desconcierto y la depresión.

Las dudas del progresismo no estriban tanto en los valores a defender como en los instrumentos y estrategias para conseguirlo. Al fin y al cabo, el gran objetivo de la igualdad, o al menos una desigualdad tolerable y que no impida cierta permeabilidad social, se ha revelado en los últimos años como algo inalcanzable.

Desde que la revolución ultraliberal de Thatcher y Reagan diera por terminada la época dorada del estado del bienestar y las políticas keynesianas y socialdemócratas, la reducción de la distancia entre las clases sociales ha sido una tarea de éxito muy limitado o incluso en retroceso, sobre todo a partir de la gran crisis financiera del 2008.

La labor de zapa de los topos del capitalismo desbocado al que nos hemos acostumbrado ha conseguido extender la aversión a los impuestos, incluso entre quienes menos tienen y más necesitan el apoyo de lo público. Y sin una política fiscal robusta, todo son parches, pero no cambios duraderos en la estructura social.

La batalla fiscal ha sido mucho más decisiva que las guerras culturales de los últimos tiempos. Hasta las familias más modestas han interiorizado un rechazo visceral al impuesto de sucesiones, herramienta fundamental para impedir la lógica natural de la riqueza a acumularse en cada vez menos manos.

Si los gobiernos progresistas no han conseguido más -y el caso español es paradigmático de la guerra sin cuartel desplegada en su contra para impedirlo- se debe, además de a sus errores, a la profunda herida que la “confusión fiscal” ha generado en el tejido social.

Se trata de algo que va más allá de lo ideológico para entrar en el terreno de ese sálvese quien pueda que a todos nos domina con más o menos frecuencia. En ausencia de un amplio consenso social sobre la importancia de una política fiscal que redistribuya la riqueza de modo eficaz, las clases medias y altas se sienten legitimadas para proteger su situación en todos los órdenes de la vida.

En el ámbito de la educación, por ejemplo, el imparable crecimiento de las universidades privadas en nuestro país no es más que la manifestación del deseo de muchas de esas familias de codearse exclusivamente con gente de su misma condición para asegurar ese capital relacional -amigos, conocidos, influencias- que garantizará el futuro de sus vástagos.

Nada más humano, pero, al mismo tiempo, nada más decepcionante que comprobar que esas pulsiones profundas continúan imperturbables a despecho de tantos discursos progresistas sobre la igualdad y el ascensor social.

Quizá uno de los indicadores más chocantes sea el de que la movilidad entre clases sigue encontrando una barrera fundamental en el matrimonio. Varias investigaciones recientes muestran cómo las personas con más ingresos tienen hasta el triple de posibilidades de casarse con alguien de su mismo rango social más que si el emparejamiento se hiciera de forma socialmente aleatoria (llamémosle amor sin prejuicios). Y ese clasismo sentimental aún es más pronunciado cuando lo que se tiene en cuenta es el patrimonio.

Hace sesenta años Juan Marse inmortalizó literariamente este fenómeno en su novela “Últimas tardes con Teresa”. Su legendario protagonista, el charnego Manolo Reyes, apodado el Pijoaparte, sueña con casarse con Teresa Serrat, universitaria inconformista de una familia de la alta burguesía barcelonesa. Se amaban, pero la vida los puso en su sitio. Aquello era en la dictadura gris y represora. Hoy, por desgracia, Pijoaparte lo seguiría teniendo igual de crudo para salir del lumpen a través de un matrimonio afortunado.