Adiós a las pulseras telemáticas contra la violencia de género: el nuevo contrato de Igualdad apuesta por tobilleras

Las pulseras telemáticas contra la violencia de género van a dar paso a tobilleras, es el anuncio que ha salido hoy de la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que se ha autorizado la contratación del servicio integral de seguimiento por medios telemáticos para maltratadores por hasta 111 millones de euros.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que se ha optado por cambiar los brazaletes por tobilleras al considerarlo un sistema "mucho más fiable y menos manipulable".

Se ha previsto la implantación de estos mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal y que tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado deberá disponer de una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, y contarán con pantallas de cristal reforzado.

Asimismo, se añadirá al mecanismo existente un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en detección directa entre el dispositivo electrónico del investigado, inculpado o condenado y la víctima vía bluetooth que se cursará como alerta de proximidad.

Geoposicionamiento autónomo

Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual, se tendrá al investigado, inculpado o condenado localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio. A esto se unirán baterías recargables de mayor capacidad, la posibilidad de modificar a distancia, a través del teléfono móvil del agresor, los parámetros para reducir los tiempos en los que se manda la geoposición de las tobilleras en caso de ser necesario; o mejoras en la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados y que no se pueda romper esa relación. Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos al Centro de monitorización y control de la Sala Cometa.

Los dispositivos, junto a lo ya señalado, contarán con configuración individualizada de idioma y se atenderá a las víctimas, a ser posible, sin la intervención de interpretación automática. El contrato incluye por primera vez un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa, y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada.

Mayor control y más medios

Gracias a las mejoras del nuevo contrato, se elaborará un exhaustivo sistema de seguimiento y control de calidad para garantizar el funcionamiento de todos los subservicios que integran el Servicio integral de seguimiento por medios telemáticos, así como un plan de contingencia detallado para el caso en el que se produzcan caídas del cualquiera de los elementos del sistema.

En cuanto a personal, cabe destacarse que se creará la figura del responsable coordinador o coordinadora del Servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada uno de los elementos que conforman los kits de dispositivos. Se pasará de uno a dos responsables coordinadoras o coordinadores de la Sala Cometa, se creará un puesto de responsable del Servicio de desarrollo y mantenimiento de software y otro de responsable del Servicio de infraestructuras, procesamiento de datos y almacenamiento. Junto a lo mencionado, la Sala tendrá un coordinador o coordinadora jurídico, dos asesoras o asesores jurídicos, los dos puestos ya mencionados para atención psicológica y se aumentarán a tres los puestos de coordinación y supervisión de los turnos de Cometa. En definitiva, se pasará de exigir un mínimo de 151 personas en sala.

El contrato, según ha explicado la ministra, tendrá una duración inicial de 36 meses y cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111.100.438,80 euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.